El Gobierno de España podría tener que devolver a Iberdrola unos 700 millones.
¿El motivo?, la sentencia dictada por el Tribunal General de Europa (TGUE), en la que constata que las desgravaciones de las que se han beneficiado estas empresas en los últimos años por la compra de al menos un 5 % de compañías extranjeras no pueden considerarse ayudas de Estado, como había afirmado la Comisión Europea.
En este sentido, desde ‘El Debate’ estiman que Iberdrola recibiría unos 700 millones de euros y Telefónica al menos unos 12 millones. Otras empresas del Ibex también podrían ser objeto de retornos similares de ejecutarse finalmente el fallo, contra el que aún cabe recurso.
El conflicto arranca de lejos. El Gobierno de Aznar lanzó en 2002 una normativa por la cual las firmas españolas que compraran más de un 5 % de compañías extranjeras podían amortizar el fondo de comercio financiero en veinte años a razón de un 5 % anual. El fondo de comercio financiero es la diferencia entre el precio de adquisición de una participación en el capital de una entidad y el patrimonio neto de la entidad proporcionalmente correspondiente a dicha participación en la fecha de adquisición.
La normativa tenía por objeto impulsar la internacionalización de las empresas españolas, que en esos años fue espectacular. Algunos ejemplos son la compra de O2 por parte de Telefónica en 2005 por 25.600 millones de euros o la adquisición en 2006 de Ferrovial del 83 % del principal operador de aeropuertos del mundo, BAA, en el Reino Unido, por 14.600 millones de euros.
La legislación facilitaba el trabajo de las empresas españolas, pero a la Comisión Europea había algo que no le cuadraba. En 2009 y 2011 ordenó a España recuperar la ayuda que se daba a las empresas por considerarla discriminatoria (la misma desgravación no se aplicaba si la compañía que se adquiría era española).
Comisión Europea.
Durante un tiempo, la Comisión dejó que siguiera aplicándose el régimen en determinadas condiciones. Sin embargo, el ministro Montoro aplicó una nueva interpretación en 2012 que provocó que Europa lo declarara ilegal en 2014 y ordenara recuperar las ayudas.
Entonces, el Gobierno español y diferentes empresas pidieron al TGUE que anulara esta decisión. La victoria se produjo ayer con la sentencia del Tribunal, pero mientras tanto las empresas habían tenido que devolver el dinero de las supuestas ayudas de Estado, que se ha demostrado que no lo son: son ayudas fiscales.
Con la nueva sentencia, el dinero debería volver a las empresas. Algunas de ellas ya han estimado cuánto se les debería devolver. Iberdrola calcula en unos 700 millones de euros la cantidad que se les tendría que reintegrar.
Las cuentas anuales de 2022 de Telefónica, en su apartado de Deducibilidad fiscal del Fondo de Comercio Financiero en España, muestran que al menos deberían recibir 12 millones más la vuelta a su disponibilidad de créditos fiscales con los que habían abonado esas ayudas.