Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España están ahogadas por la presión fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ahora desde Bruselas les podría llegar un ‘salvavidas’ fiscal, ya que el comisario de Mercado Interior Thierry Breton admitió en rueda de prensa que “estamos en un estado de permacrisis”. Esto es, de crisis permanente como consecuencia de los últimos años: desde COVID, la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y el aumento de la inflación.
El sector de las pymes ha sido uno de los más afectados por diversos desafíos, y la Comisión Europea busca abordar estas preocupaciones y revitalizar la confianza empresarial. Los retrasos en los pagos comerciales han tenido un impacto negativo al reducir las inversiones y frenar el crecimiento económico en Europa, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad en comparación con otros competidores globales.
La Comisión Europea tiene planes ambiciosos para apoyar a las pymes, incluyendo la disponibilidad de más de 200,000 millones de euros en financiamiento a través de varios programas hasta 2027. Esto incluye fondos significativos de los Fondos de Cohesión de la UE (65,000 millones de euros) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (45,200 millones de euros), destinados a medidas de apoyo directo e indirecto para las pymes, ayudándolas en su proceso de transformación.
En cuanto a regulaciones, la Comisión Europea está siguiendo el principio «One in, one out» (Uno entra, uno sale), lo que significa que cada nueva regulación implicará la eliminación de una regulación existente. Este enfoque es similar al utilizado por Donald Trump durante su mandato como presidente de Estados Unidos.
Pymes
Para abordar el problema de los retrasos en los pagos a las pymes, se propone una nueva regulación que busca reducir los plazos de pago. Actualmente, solo el 40% de las facturas se pagan a tiempo. Se pretende reducir el plazo de pago a 30 días y, en casos especiales, se permitiría una ampliación a 60 días. También se propone establecer el derecho automático a reclamar intereses por demora y una penalización de 50 euros cuando no se cumpla el plazo.
Otra medida importante es la introducción de un sistema de impuestos europeo en lugar de una tarifa plana para todos. Los gobiernos nacionales aún tendrán la capacidad de fijar sus impuestos, pero el sistema será uniforme en toda la Unión Europea. Las empresas pagarán impuestos únicamente en el país donde tengan su sede fiscal, lo que simplificará la administración y reducirá los costos. Esto podría resultar en un ahorro significativo, estimado en hasta un 65%. Sin embargo, las empresas seguirán pagando impuestos a las autoridades fiscales nacionales en función de sus actividades comerciales.
El sistema de impuestos europeo solo estará disponible para empresas que hayan tenido su residencia fiscal en un país durante más de dos años y cuando sus beneficios en el extranjero no excedan el doble de los generados en su país de residencia. El sistema se aplicaría inicialmente durante un máximo de cinco años, con posibilidad de prórroga.
Otro objetivo es agilizar el procesamiento de demandas y quejas, reduciendo los tiempos y costos asociados a los procedimientos de resolución de disputas entre Estados miembros. Esto se realiza con el fin de eliminar una carga innecesaria para las empresas.