Hasta 16 países europeos tienen acuerdos con España para evitar la doble imposición

El impuesto a los ricos de Sánchez no logra tocar a los extranjeros

Las grandes fortunas extranjeras quedan libre de la nueva tasa del Gobierno por los convenios de doble imposición

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez 24H

Hacienda está enfrentando obstáculos en la recaudación del Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas (ITGF), que se implementó recientemente y estará en vigor hasta el final de este mes. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) advierte que este nuevo impuesto chocará con los convenios para evitar la doble imposición que España tiene con 16 países europeos.

Según el informe de Aedaf titulado «Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas: adecuación a la Constitución, los convenios para evitar la doble imposición y el Derecho de la UE», los no residentes de ciertos países europeos no estarán obligados a pagar este impuesto si poseen propiedades en España a través de sociedades en las que participan. Estos países son Austria, Suecia, Países Bajos, Grecia, Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Croacia, Chipre, Chequia y Bulgaria. Esto se debe a que los convenios establecen que cualquier participación societaria poseída por un residente del otro Estado parte del convenio solo puede ser gravada en el país de residencia del contribuyente, siguiendo las pautas de la OCDE.

Sin embargo, el informe también aclara que aquellos no residentes cuyos países no tengan convenio con España (como Dinamarca) o que tengan convenio pero permitan la imposición, como Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia y Luxemburgo, no podrán evitar el impuesto. En estos casos, los no residentes podrían impugnar el tributo por la diferencia de trato con los residentes, lo que podría vulnerar la libre circulación de capitales.

Los fiscalistas señalan que los no residentes afectados por el impuesto podrán recurrirlo ante un tribunal económico-administrativo y luego ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. Además, si llega a Europa, el asunto podría ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, se estima que el proceso legal podría llevar hasta cinco años.

Los asesores fiscales recomiendan a los contribuyentes afectados por el impuesto a las grandes fortunas impugnarlo una vez que finalice el plazo de liquidación. Si los tribunales anulan el impuesto, podrían ser resarcidos, lo que significa que el Estado tendría que devolver lo recaudado más los intereses. La presidenta de Aedaf advierte que esto podría afectar las arcas públicas.

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24h Economía

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