El sector cinegético en España representa una actividad con una repercusión socioeconómica de primer orden que trasciende el debate social y medioambiental. Los informes económicos estructurales sobre el sector, encabezados por estudios de consultoras especializadas y entidades como la Fundación Artemisan, calculan que el impacto económico total de la caza en España supera los 6.475 millones de euros anuales, lo que equivale aproximadamente al 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Esta cifra integra el gasto directo generado por los cazadores en licencias, tasas, munición, armería y gestión de cotos, junto con la facturación indirecta e inducida que irriga a sectores tradicionales como la hostelería, el transporte, el turismo rural y la industria cárnica.
En términos de mercado laboral, la actividad cinegética sustenta cerca de 187.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, abarcando desde guardas rurales, rehaleros, veterinarios y gestores de fincas hasta personal de alojamiento y restauración en municipios rurales de baja densidad demográfica. En amplias comarcas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Castilla y León, donde la industria pesada o los servicios tecnológicos son prácticamente inexistentes, la temporada de caza menor y mayor actúa como un salvavidas económico durante los meses de otoño e invierno, evitando la despoblación al generar contratos laborales y dinamizar la economía de proximidad.
La aportación a las arcas públicas constituye otro de los pilares financieros más destacados del sector. Se estima que la actividad cinegética genera más de 614 millones de euros anuales en ingresos fiscales para las administraciones públicas entre tasas autonómicas de aprovechamiento, expedición de licencias, IVA sobre bienes y servicios vinculados y cotizaciones a la Seguridad Social. A este flujo impositivo directo se añade una inversión privada considerable en la conservación de hábitats: los titulares de los más de 30.000 cotos de caza existentes en el territorio nacional destinan anualmente cerca de 300 millones de euros a labores de mantenimiento de caminos, suministro de agua y puntos de alimentación para la fauna, desbroces preventivos contra incendios forestales y control sanitario de poblaciones silvestres como el jabalí, reduciendo el gasto directo que los presupuestos autonómicos tendrían que asumir en materia de gestión forestal.