El análisis de la resiliencia económica de España ante una hipotética escalada armada con Marruecos no se mide únicamente por la superioridad tecnológica o militar sobre el terreno, sino por la capacidad del Estado y del tejido productivo para absorber un choque financiero sin precedentes. Aunque la economía española posee un tamaño significativamente superior al del reino alauí —con un Producto Interior Bruto (PIB) que supera los 1,6 billones de euros frente a los aproximadamente 150.000 millones de dólares marroquíes—, la dependencia geográfica del comercio marítimo y la vulnerabilidad de sectores clave transformarían cualquier conflicto armado en una crisis macroeconómica de primer orden.
El impacto más demoledor e inmediato se concentraría en el bloqueo y la parálisis del Estrecho de Gibraltar, una de las arterias comerciales y energéticas más transitadas del planeta. La declaración de una zona de exclusión marítima o el riesgo derivado del uso de misiles antibuque y drones dispararía las primas de seguros marítimos a niveles prohibitivos, desviando el tráfico de mercancías hacia rutas atlánticas más costosas. Para España, esto supondría la paralización operativa de infraestructuras críticas como el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor nodo logístico del país y clave en las cadenas de suministro industriales europeas, además de encarecer drásticamente las importaciones de hidrocarburos procedentes de Oriente Medio y el norte de África.
El segundo golpe estructural recaería sobre el sector turístico, el principal motor de empleo y captación de divisas de la economía nacional. La consideración de la península ibérica, las Islas Baleares o las Islas Canarias como zonas adyacentes a un teatro de operaciones militares provocaría una oleada masiva de cancelaciones en vuelos y reservas hoteleras internacionales. La pérdida temporal de una fracción sustancial de los más de 85 millones de turistas internacionales que visitan el país anualmente se traduciría en una contracción inmediata del consumo interno, la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo en los servicios y un desplome de los ingresos tributarios asociados a la actividad estacional.
En el plano presupuestario y de deuda soberana, la factura militar forzaría una reorientación total del gasto público hacia partidas de defensa y logística de combate. Mantener un esfuerzo bélico sostenido por tierra, mar y aire —con un despliegue masivo en el mar de Alborán, las plazas de soberanía, Ceuta, Melilla y el archipiélago canario— exigiría decenas de miles de millones de euros en munición guiada, combustible, mantenimiento de aeronaves y sistemas antiaéreos. Con una deuda pública española que se sitúa en torno al 105% del PIB, el Estado afrontaría una fuerte presión en los mercados secundarios: la prima de riesgo se dispararía, encareciendo la financiación del Tesoro Público y obligando a una intervención directa del Banco Central Europeo (BCE) mediante programas de compra de emergencia para evitar una crisis de liquidez soberana.
Por último, el comercio bilateral y las cadenas industriales sufrirían una ruptura absoluta. Marruecos es el tercer socio comercial de España fuera de la Unión Europea y el principal destino de las exportaciones españolas en el continente africano, con miles de empresas operando en sectores como la automoción, la confección textil y el sector agroalimentario. La paralización del tráfico comercial en El Estrecho no solo destruiría miles de millones de euros en exportaciones industriales, sino que golpearía a la industria automovilística peninsular por la interrupción de componentes procedentes de plantas marroquíes. En definitiva, aunque la economía española podría sobrevivir financieramente gracias al respaldo institucional de la Unión Europea y su pertenencia al euro, el coste económico se traduciría en una recesión severa, un aumento drástico del déficit y años de recuperación fiscal para absorber las pérdidas de un conflicto en su propia frontera.