El mazo de la Corte Suprema ha golpeado con fuerza los cimientos de la «Abenomics» versión estadounidense, conocida popularmente como Trumponomics. El pasado viernes, el más alto tribunal del país dictaminó que el uso que el presidente Donald Trump ha hecho de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles es ilegal.
La decisión es un terremoto legal y financiero. La IEEPA, promulgada en 1977, ha sido el «botón nuclear» favorito de Trump. Bajo el argumento de que el déficit comercial o la inmigración ilegal constituían «emergencias nacionales», el presidente había utilizado esta ley para imponer barreras comerciales generalizadas a aliados y rivales por igual, saltándose al Congreso. La Corte, sin embargo, ha sido clara: la IEEPA permite al presidente «regular» la importación, pero no le otorga la potestad de imponer aranceles (impuestos).
Buscando nuevas leyes en el cajón
Según la Constitución de Estados Unidos (Artículo 1, Sección 8), solo el Congreso tiene el poder de recaudar impuestos. Aunque a lo largo de las décadas el poder legislativo ha delegado parte de esa autoridad al ejecutivo, esa delegación tiene límites estrictos.
Ante la prohibición de usar la IEEPA, Trump compareció visiblemente molesto el viernes, calificando la decisión de la Corte de «totalmente defectuosa». Sin embargo, dejó claro que no abandonará su cruzada arancelaria, sino que simplemente cambiará de vehículo legal.
El presidente anunció que recurrirá a otras leyes comerciales heredadas, aunque todas presentan restricciones significativas frente a la «carta blanca» que le daba la IEEPA:
- Sección 232 (Ley de Expansión Comercial de 1962): Permite aranceles por motivos de «seguridad nacional». Fue la usada para gravar el acero y el aluminio, pero requiere una investigación previa del Departamento de Comercio.
- Sección 301 (Ley de Comercio de 1974): Usada contra China por «prácticas desleales». También requiere investigaciones previas y no sirve para gravar a países amigos sin motivo justificado.
- Sección 122 (Ley de Comercio de 1974): Esta es la nueva apuesta de Trump para imponer su polémico arancel global del 10%. El problema es que esta sección limita el arancel al 15% y, lo que es peor para el presidente, requiere la aprobación del Congreso pasados 150 días.
¿Quién devuelve el dinero?
El fallo judicial no es solo un revés político; es una crisis contable inminente. El gobierno de Trump recaudó unos 260.000 millones de dólares en ingresos arancelarios el año pasado, de los cuales aproximadamente el 60% provenían directamente de aranceles IEEPA. Solo en los dos primeros meses de este año (2026), estos aranceles inyectaron 40.000 millones a las arcas del Tesoro.
La pregunta que tiene a Wall Street en vilo es: si esos aranceles eran ilegales, ¿tendrá el gobierno que devolver el dinero? Estamos hablando de unos 175.000 millones de dólares en posibles reembolsos.
Durante la conferencia de prensa, Trump se mostró desafiante y evasivo. Criticó a la Corte por no haber aclarado este punto en su sentencia y sugirió que el gobierno luchará en los tribunales para no devolver ni un centavo: «Acabaremos en los tribunales los próximos 5 años», advirtió, negándose a confirmar si honrará las reclamaciones de las empresas afectadas.
El impacto en el déficit federal
La negativa a devolver el dinero puede ganar tiempo, pero no resuelve el problema futuro. El gobierno federal no ha recortado el gasto (que rozó los 7 billones de dólares en 2025). Si el déficit presupuestario se redujo del 6% del PIB en 2024 al 5,4% en 2025 (1,7 billones), fue en gran medida gracias a esta lluvia de miles de millones de dólares en aranceles.
Sin los ingresos de la IEEPA, el Tesoro estadounidense podría perder entre 200.000 y 300.000 millones de dólares al año. Esto empujará automáticamente el déficit federal de nuevo hacia el 6% o más, precisamente en un momento en que el mercado de bonos observa con lupa la sostenibilidad de la deuda estadounidense.
Una Casa Blanca acorralada
El fallo del Tribunal Supremo ha recordado a Donald Trump que la Presidencia no es una dictadura comercial. Aunque buscará lagunas legales a través de las Secciones 232 o 122, el proceso será más lento, más burocrático y, sobre todo, requerirá rendir cuentas al Congreso si quiere mantener los aranceles a largo plazo.
En febrero de 2026, la «Trumponomics» se enfrenta a su prueba de estrés más dura: sin la magia de los aranceles de emergencia para tapar los agujeros del gasto federal, la realidad del déficit estadounidense está a punto de quedar al descubierto.