Según el informe publicado por la OCDE y la Comisión Europea, en 2025 esta modalidad empresarial no solo busca la rentabilidad financiera, sino que prioriza el interés colectivo y la gobernanza participativa. En la Unión Europea, este sector abarca más de 4,3 millones de entidades y emplea a aproximadamente 11,5 millones de personas, lo que representa el 6,3% de la fuerza laboral total. Estas cifras demuestran que, lejos de ser un nicho marginal, las entidades de la economía social son actores clave en sectores tan diversos como la agricultura, la banca, la vivienda y la energía. Su capacidad para reinvertir excedentes (ganancias no distribuidas a accionistas) en objetivos sociales las convierte en herramientas vitales para corregir fallos de mercado y fortalecer la cohesión territorial.
Innovación frente al reto demográfico y la crisis de los cuidados
Uno de los desafíos más apremiantes para las economías desarrolladas es el envejecimiento de la población y la creciente demanda de cuidados de larga duración. La OCDE y la Comisión Europea señalan que la demanda de estos servicios aumentará significativamente en las próximas décadas. Actualmente, se estima que uno de cada tres europeos tiene responsabilidades de cuidado y el sector está marcado por una fuerte brecha de género, ya que las mujeres representan el 90% de la fuerza laboral en este ámbito. Frente a la oferta pública a menudo saturada y la privada que puede resultar inaccesible por precio, la economía social ofrece soluciones innovadoras centradas en la persona. Las cooperativas y mutualidades están liderando el cambio hacia modelos que favorecen la autonomía personal (capacidad de vivir independientemente) y la atención domiciliaria en lugar de la institucionalización masiva.
Estas entidades han demostrado ser especialmente eficaces en zonas rurales y remotas donde la rentabilidad no atrae a las empresas convencionales. En España, por ejemplo, seis de cada diez organizaciones que prestan servicios de atención a domicilio para personas mayores pertenecen a la economía social. Además, estas organizaciones no solo proveen servicios, sino que mejoran las condiciones laborales (salarios y estabilidad contractual) de los trabajadores del sector mediante cooperativas de trabajo que permiten negociar mejores salarios y beneficios. El informe destaca cómo la innovación social y tecnológica permite a estas entidades ofrecer servicios integrados que conectan la atención sanitaria con el apoyo social, mejorando así la calidad de vida de los beneficiarios y aliviando la presión sobre los sistemas públicos de salud.
Respuestas estructurales a la crisis de la vivienda
El acceso a una vivienda asequible y de calidad se ha convertido en una emergencia social en muchas ciudades europeas. La especulación inmobiliaria y la falta de oferta han disparado los precios, dejando a los hogares vulnerables y a los jóvenes en situaciones precarias. Las entidades de la economía social, como las cooperativas de vivienda y los fideicomisos de tierras comunitarias (organizaciones que poseen suelo colectivamente), están proporcionando alternativas viables que equilibran la asequibilidad con la sostenibilidad ambiental. Estas organizaciones gestionan una parte significativa del parque de viviendas en varios estados miembros. Por ejemplo, en los Países Bajos, las asociaciones de vivienda proveen casi un tercio del stock total, mientras que en Suecia las cooperativas representan el 24%.
La clave de su éxito radica en su modelo financiero y de gobernanza. Al no buscar la maximización del lucro a corto plazo, estas entidades pueden ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado y reinvertir los ingresos en el mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Además, fomentan la participación comunitaria (involucración de los residentes) en la gestión de los inmuebles, lo que fortalece el tejido social y reduce el riesgo de aislamiento. El informe subraya que para escalar estas soluciones es necesario superar barreras regulatorias y facilitar el acceso a suelo público y financiación a largo plazo. Las políticas públicas deben reconocer la especificidad de estas entidades y crear marcos legales que protejan su función social y eviten la especulación con los activos inmobiliarios que gestionan.
Análisis del impacto económico y la resiliencia sistémica
El análisis de los datos presentados por la OCDE y la Comisión Europea revela que la economía social actúa como un estabilizador automático durante las crisis económicas. Su resiliencia se debe en gran medida a que priorizan el mantenimiento del empleo y el servicio a la comunidad por encima del reparto de dividendos. Esto se observó claramente durante la pandemia de COVID-19, donde estas entidades fueron esenciales para mantener servicios críticos operativos. Desde una perspectiva macroeconómica, su contribución va más allá del PIB directo. Generan externalidades positivas (beneficios indirectos para terceros) como la reducción de la desigualdad y el fomento de la economía circular, que son difíciles de cuantificar, pero cruciales para la sostenibilidad a largo plazo.
Sin embargo, el informe también identifica obstáculos estructurales que limitan su potencial. La falta de visibilidad y el desconocimiento de sus modelos jurídicos dificultan su acceso a la financiación convencional y a la contratación pública. A menudo, las licitaciones públicas priorizan el precio más bajo sobre el valor social, lo que penaliza a las entidades que invierten en calidad y condiciones laborales justas. Para maximizar su impacto, es imperativo desarrollar ecosistemas de apoyo que incluyan incentivos fiscales adecuados y marcos institucionales claros. La economía social no debe verse como un sector subsidiario dependiente de subvenciones, sino como un socio estratégico capaz de co-crear valor económico y social en alianza con el sector público y el capital privado.
Interpretación y aplicación para el emprendimiento en España y Europa
A nivel europeo, el Plan de Acción para la Economía Social de 2021 y la Recomendación del Consejo de 2023 marcan una hoja de ruta clara para integrar este modelo en las políticas estructurales. Para los emprendedores, esto señala una oportunidad de negocio en sectores donde el mercado tradicional falla o donde el consumidor demanda mayor ética y sostenibilidad. Emprender bajo fórmulas de economía social permite acceder a un nicho de mercado creciente y a instrumentos de financiación específicos como los fondos de inversión de impacto social.
En el caso específico de España, el país se posiciona como un referente normativo y práctico. España cuenta con una Ley de Economía Social pionera (Ley 5/2011) y una estrategia nacional robusta que incluye un Comisionado Especial para la Economía Social10. Según los datos del informe, las entidades de economía social en España representan el 41,3% de la oferta privada de servicios de cuidados, lo que evidencia un mercado maduro, pero con margen de crecimiento.
El ecosistema español ofrece un entorno favorable para la creación de cooperativas y sociedades laborales. La existencia del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, dotado con más de 800 millones de euros, representa una inyección de capital sin precedentes para la modernización tecnológica y la profesionalización del sector. Los emprendedores pueden aprovechar estas ayudas para digitalizar servicios de atención a la dependencia o desarrollar proyectos de vivienda colaborativa (cohousing) en zonas tensionadas. Además, la fuerte tradición cooperativista en regiones como el País Vasco ofrece modelos de éxito replicables y redes de mentoría.
A pesar del liderazgo legislativo, existe el riesgo de fragmentación normativa debido a las competencias transferidas a las comunidades autónomas, lo que puede complicar la escalabilidad de proyectos a nivel nacional. Otro riesgo latente es la dependencia excesiva de la financiación pública a corto plazo14. Los nuevos emprendedores deben diseñar modelos de negocio que sean financieramente sostenibles por sí mismos, utilizando las subvenciones como palanca de crecimiento y no como único sustento. También es crucial evitar el «social washing» (aparentar ser socialmente responsable), ya que la transparencia y la adhesión genuina a los principios de la economía social son los activos más valiosos de estas empresas frente a la competencia tradicional.
Referencias:
OECD/European Union (2025), Social Economy in Europe: Contributing to Competitiveness and Prosperity, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3432de93-en.