La publicación del informe Pensions at a Glance 2025 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha puesto de manifiesto la compleja situación que atraviesan los sistemas de jubilación en las economías desarrolladas y muy especialmente en el caso español. El análisis exhaustivo de este organismo internacional revela que la combinación de una esperanza de vida creciente y una tasa de fertilidad en mínimos históricos obliga a replantear las estrategias económicas para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de jubilados sin comprometer el crecimiento económico del país.
El invierno demográfico y la presión sobre el sistema
El envejecimiento de la población se acelerará notablemente en los próximos veinticinco años, lo cual supone un desafío estructural para los sistemas de reparto como el español. La organización proyecta que la tasa de dependencia (relación entre jubilados y trabajadores) se disparará en países como Grecia, Italia, Polonia y España. En el caso concreto de España, se espera que la proporción de personas mayores de 65 años respecto a las personas en edad de trabajar aumente en más de 25 puntos porcentuales para el año 2050. Este fenómeno no es aislado, sino consecuencia directa de una caída sostenida en las tasas de fertilidad que en España se sitúan en niveles preocupantes de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional necesaria para mantener la estructura poblacional estable.
A este escenario se suma una reducción drástica de la población en edad de trabajar. Según las proyecciones recogidas por la OCDE, se estima que la fuerza laboral potencial disminuirá más del 30% en las próximas cuatro décadas en España. Esta contracción de la base de cotizantes ejerce una presión directa sobre las finanzas públicas, ya que habrá menos trabajadores aportando al sistema para sostener a un número creciente de pensionistas. La longevidad es otro factor determinante, pues, aunque las ganancias en la esperanza de vida se han desacelerado recientemente, las proyecciones indican que los españoles seguirán viviendo más años tras abandonar el mercado laboral, lo que implica periodos de pago de pensiones más extensos que requieren una mayor acumulación de recursos.
La generosidad del modelo español frente a la media internacional
Uno de los datos más reveladores del informe es la comparativa de la tasa de reemplazo (porcentaje del salario previo cobrado) que ofrece el sistema español en relación con sus homólogos internacionales. Un trabajador promedio en España que se jubile tras una carrera completa puede esperar recibir una pensión pública que equivale al 80,4% de sus ingresos previos a la jubilación. Esta cifra es significativamente superior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 52%, y coloca a España entre los países con mayor protección pública de los ingresos en la vejez, junto con Grecia, Italia y Luxemburgo. Mientras que en países como Irlanda o Lituania la tasa de reemplazo neta futura se sitúa por debajo del 40%, España garantiza una continuidad en el nivel de vida de los jubilados muy superior a la mayoría de las economías avanzadas.
Sin embargo, esta generosidad tiene una contrapartida evidente en el gasto público. La OCDE señala que España ya se encuentra entre los países con mayor gasto en pensiones sobre el PIB, destinando recursos significativos de su presupuesto a esta partida. Las proyecciones indican que el gasto público en pensiones aumentará considerablemente en las próximas décadas debido a la jubilación de la generación del baby boom, lo que podría limitar el margen fiscal para otras inversiones productivas necesarias para el desarrollo económico. El informe subraya que para mantener estos niveles de prestaciones sin poner en riesgo las cuentas públicas será necesario un esfuerzo continuo en términos de ingresos fiscales o ajustes paramétricos en el sistema.
Reformas recientes:
Las reformas emprendidas por España en los últimos dos años orientadas a reforzar la sostenibilidad del sistema. Entre las medidas destacadas se encuentra la revalorización de las pensiones con el IPC para mantener el poder adquisitivo y la introducción de nuevos incentivos para demorar la edad de jubilación (momento legal de retiro laboral). España ha modificado las bonificaciones para quienes decidan trabajar más allá de la edad legal, permitiendo acumular un porcentaje adicional de pensión por cada año de demora. Esta estrategia busca alinear la edad efectiva de salida del mercado laboral, que actualmente ronda los 63 años, con la edad legal, que aumentará progresivamente hasta los 67 años.
El organismo internacional también pone el foco en la necesidad de mejorar las tasas de empleo de los trabajadores mayores. Aunque la participación laboral de las personas entre 55 y 64 años ha mejorado en las últimas dos décadas en España, todavía existe un margen de mejora considerable en comparación con países como Islandia o Nueva Zelanda. La OCDE sugiere que eliminar las barreras a la contratación de trabajadores mayores y fomentar el envejecimiento activo son palancas clave para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones. Asimismo, se menciona la reforma del sistema de cotización para los trabajadores autónomos en España que busca equiparar gradualmente sus aportaciones a sus ingresos reales, lo cual debería traducirse en mejores pensiones futuras para este colectivo y mayores ingresos para la Seguridad Social.
La desigualdad y sus matices
Desde una perspectiva analítica basada en los datos de la OCDE, se observa que el sistema de pensiones español actúa como un potente amortiguador contra la pobreza en la vejez (carencia de recursos económicos mínimos). A diferencia de países como Corea o los estados bálticos, donde las tasas de pobreza entre los mayores son alarmantes, España mantiene niveles de pobreza relativa en la tercera edad comparables o incluso inferiores a los del resto de la población. Esto demuestra la eficacia social del modelo español en términos de redistribución y protección. No obstante, el informe advierte implícitamente sobre el coste de oportunidad que esto representa. Un sistema que absorbe una parte tan elevada de la riqueza nacional puede restar recursos para políticas de juventud, educación e innovación, que son los motores del crecimiento futuro.
Además, persiste una brecha de género significativa en las pensiones españolas, aunque se ha reducido en los últimos años. Las mujeres reciben pensiones más bajas debido a carreras laborales más cortas y salarios inferiores, lo cual es un reflejo de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo. La OCDE indica que las medidas para reducir esta brecha deben ir más allá del sistema de pensiones y abordar las causas raíz en el mercado laboral y la conciliación familiar. En términos macroeconómicos, la dependencia de un sistema de reparto tan generoso hace a la economía española muy sensible a las fluctuaciones del empleo y la productividad. Sin un aumento robusto de la productividad y de la tasa de empleo, la carga fiscal necesaria para sostener las pensiones podría lastrar la competitividad de las empresas y los salarios netos de los trabajadores activos.
Estrategias para un crecimiento sostenible en el contexto europeo
Interpretar el informe Pensions at a Glance 2025 desde una óptica europea y nacional implica reconocer que España posee una ventaja competitiva en términos de cohesión social, pero enfrenta riesgos fiscales que deben ser gestionados con prudencia. A nivel europeo, instituciones como la Comisión Europea han señalado la necesidad de adaptar los estados de bienestar al cambio demográfico. Lo que se puede aprovechar de las ventajas del modelo español es su capacidad para garantizar la paz social y el consumo interno gracias a los ingresos estables de los pensionistas. Sin embargo, para evitar los riesgos señalados por la OCDE, es imperativo fomentar políticas que aumenten la base de cotizantes, no solo mediante la inmigración ordenada, sino reduciendo el desempleo estructural y la economía sumergida.
Para alinear el sistema con un desarrollo sostenible, España debería mirar hacia modelos que fomentan con mayor éxito la compatibilidad entre trabajo y pensión, tal como sugiere la OCDE al analizar casos de éxito en el norte de Europa. La flexibilidad en la jubilación y la inversión en formación continua para los trabajadores senior son herramientas que permitirían extender la vida laboral de forma voluntaria y productiva. Asimismo, es crucial vigilar que el aumento de las cotizaciones sociales no desincentive la creación de empleo. La clave para España reside en lograr que el sistema de pensiones siga siendo un pilar de bienestar sin convertirse en un freno para el crecimiento económico futuro, equilibrando la solidaridad intergeneracional con la responsabilidad fiscal.
Referencias:
2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070). (s. f.). Economy And Finance. https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en
OECD (2025), Pensions at a Glance 2025: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e40274c1-en.