El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula con más detalle los contratos formativos previstos por la reforma laboral de 2021. Con este cambio, el Ejecutivo pretende garantizar que estas prácticas laborales sean realmente formativas, estén bien pagadas y eviten los abusos que se detectaban con el uso de “falsos becarios”.
Qué cambia con la nueva normativa
- Las empresas ya no podrán tener un número ilimitado de contratos formativos. El límite depende del tamaño del centro de trabajo: hasta 3 contratos al mismo tiempo en plantillas de hasta 10 empleados; hasta 7 en empresas de 11 a 30 trabajadores; hasta 10 en aquellas con 31 a 50; y un máximo del 20 % de la plantilla (con tope global de 30) en compañías más grandes.
- La retribución de estas prácticas no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
- Se limitan las condiciones de jornada: no se admitirán horas extra, trabajo nocturno o turnos, y la duración del contrato será de entre tres meses y dos años.
- La norma establece que cada trabajador en prácticas debe tener un plan formativo, tutoría (una por parte del centro educativo y otra de la empresa) y que sus tareas guarden relación directa con su formación.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la medida afirmando que “se acabó pagar con propinas”: con estas reglas, España pretende eliminar el uso indebido de becarios que hacen trabajos como si fuesen empleados sin derechos ni salario digno.
Por qué es importante
Esta reforma puede tener un impacto muy real en el mercado laboral, especialmente para jóvenes, estudiantes o titulados recientes que buscan su primera experiencia profesional. Con contratos formativos regulados, recibirán una compensación justa y mejores condiciones.
Además, la medida desalienta la práctica de recurrir a becarios como mano de obra barata encubierta. Por otra parte, las empresas (sobre todo las pequeñas) tendrán que planificar mejor cuántas prácticas pueden ofrecer, lo que podría reducir la oferta de estas plazas pero mejorar su calidad.
Conclusión
La regulación de los contratos formativos supone un paso importante hacia un mercado laboral más justo y transparente. Establecer topes, proteger la retribución mínima y obligar a que la formación sea real reduce el riesgo de abusos y mejora las oportunidades de quienes buscan entrar en el mundo laboral.
Al mismo tiempo, las empresas deben adaptarse: deberán valorar bien cuántas vacantes de formación pueden ofrecer sin desbordar los nuevos límites. A largo plazo, si la norma se aplica correctamente, podría elevar la calidad de las prácticas laborales en España y favorecer una integración más responsable de los jóvenes en el empleo.