La Comisión Europea tiene en mente recoger unos 44.000 millones de euros anuales mediante nuevos impuestos a partir del año 2028. Esta medida responde a la necesidad de sufragar tanto los pagos de la deuda contraída tras la pandemia como las crecientes exigencias presupuestarias en áreas como climatización, digitalización, defensa y cohesión territorial.
¿De dónde provendrá esa recaudación?
La propuesta incluye una batería variada de nuevos tributos que se sumarían a los recursos propios tradicionales de la Unión Europea. Entre ellos figuran:
- Un impuesto sobre residuos electrónicos no recogidos, que se estima podría generar unos 15.000 millones al año.
- Una tasa sobre el tabaco que incrementaría los ingresos en aproximadamente 11.000 millones anuales.
- Un nuevo régimen para los derechos de emisiones que se ampliará al transporte por carretera y a edificios industriales, generando unos 9.600 millones adicionales al año.
Además, otras medidas como la denominada contribución “CORE” a grandes empresas con volumen de negocios superior a 100 millones de euros, sumarían unos 6.800 millones anuales.
La acumulación de estos gravámenes permitirá a la UE pretender que el total de recursos propios nuevos alcance en torno a los 58.000 millones de euros al año, sin contar la inflación.
¿Por qué exige más ingresos la UE?
La Unión Europea afronta una doble presión financiera:
- En primer lugar, debe comenzar a reembolsar los más de 750.000 millones de euros que solicitó para los fondos de recuperación tras la Covid-19, a devolver a partir de 2028.
- En segundo lugar, debe afrontar nuevas demandas de gasto en políticas esenciales (como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión) sin depender exclusivamente de las aportaciones de los Estados miembros, muchas veces críticas con los mayores desembolsos nacionales.
La iniciativa supone un cambio de paradigma. En lugar de financiarse principalmente con las aportaciones de los Estados miembros, la UE busca contar con una capacidad de recaudación propia, reforzando su independencia financiera.
¿Qué implicaciones tiene para empresas y ciudadanos?
- Las grandes compañías deberán prepararse para nuevas obligaciones fiscales específicas en Europa, lo que podría afectar sus costes operativos y decisiones de inversión.
- Los ciudadanos podrían enfrentar indirectamente subidas de precios si los costes empresariales se trasladan a los consumidores, especialmente en sectores como el tabaco, el transporte o los dispositivos electrónicos.
- Para los países más dependientes de la cohesión o de la agricultura, la necesidad de mantener esos fondos ante un presupuesto ajustado suma complejidad a sus negociaciones dentro de la Unión.
Conclusión
La intención de la Comisión Europea de recaudar 44.000 millones de euros anuales a través de nuevos impuestos marca una fase decisiva en el modelo financiero de la Unión: más autonomía recaudatoria y menos dependencia de las contribuciones de los Estados.
Si bien la iniciativa responde a desafíos urgentes (como la devolución de los fondos covid y nuevas prioridades presupuestarias) su puesta en marcha exigirá consenso político, transparencia y medidas que eviten cargas excesivas para empresas y ciudadanos. En definitiva, el éxito de esta reforma dependerá de cómo se diseñen los gravámenes y de que se establezca un equilibrio entre ingresos sostenibles y crecimiento económico.