Las heridas del colapso: del pan de África a la hambruna
A comienzos del siglo XXI, Zimbabue pasó de ser el “granero de África” a uno de los países más empobrecidos del mundo. La causa inmediata fue una serie de reformas agrarias forzadas impulsadas por el entonces presidente Robert Mugabe, que expropiaron tierras a los agricultores blancos y las entregaron a aliados políticos y campesinos sin experiencia.
El objetivo oficial era corregir décadas de desigualdad colonial: en 1980, apenas 4.400 agricultores blancos controlaban más del 50 % de la tierra cultivable, mientras que millones de zimbabuenses negros apenas tenían acceso al 40 %. Pero el remedio resultó más destructivo que la enfermedad.
La producción agrícola colapsó, las exportaciones desaparecieron y la hiperinflación devoró la economía. En 2008, los precios se duplicaban cada 24 horas y el billete de 100 billones de dólares zimbabuenses se convirtió en un símbolo de ruina. Lo que alguna vez fue una economía próspera terminó dependiendo de la ayuda humanitaria, y un tercio de la población cayó en pobreza extrema.
Zimbabue se convirtió así en un laboratorio del fracaso político: un Estado aislado, sancionado por Occidente y atrapado entre la deuda y el hambre.
Una independencia tardía y un legado difícil
La historia reciente de Zimbabue no puede entenderse sin su turbulenta independencia. En 1980, el país emergió de las ruinas del régimen de Rodesia, un Estado segregacionista no reconocido internacionalmente, dominado por una minoría blanca. Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU), llegó al poder con el apoyo popular y el respaldo de los países vecinos.
Su proyecto inicial era ambicioso: reconciliación, redistribución y desarrollo. Pero el sueño nacional se torció cuando la reforma agraria radical se transformó en un instrumento político. Tierras fértiles terminaron en manos de funcionarios y aliados que no tenían ni los conocimientos ni la infraestructura para producir.
La consecuencia fue devastadora: Zimbabue pasó de exportar alimentos a importarlos masivamente. En menos de seis años, el país perdió su autosuficiencia y el desempleo rural se disparó. Cuando llegaron las sanciones internacionales, Mugabe optó por cerrar el país y culpar a potencias extranjeras de sus males, mientras recurría a imprimir dinero para pagar deudas. El resultado: hiperinflación, colapso productivo y una diáspora de millones.
El cambio de rumbo: el intento de reconciliación
En 2017, el ejército depuso a Mugabe tras casi cuatro décadas en el poder. Su sucesor, Emmerson Mnangagwa, prometió una política más pragmática y una “reparación nacional”. Reconoció públicamente que expulsar a los agricultores blancos había sido un error y abrió negociaciones para su regreso.
El plan era ambicioso: reactivar la agricultura, atraer inversión extranjera y recuperar el acceso a créditos internacionales. Desde entonces, el gobierno ha buscado asociaciones mixtas entre agricultores blancos y comunidades locales.
Y aunque la producción agrícola ha mostrado cierta mejora —con cerca de 900 granjas comerciales manejadas por agricultores blancos o mixtos—, la mayoría sigue reacia a volver. La desconfianza hacia el gobierno persiste: las condiciones legales siguen siendo inestables y los contratos de arrendamiento no garantizan la propiedad ni el acceso al crédito.
Los agricultores no pueden usar la tierra como garantía para financiar maquinaria o semillas. Y sin propiedad ni seguridad jurídica, ningún modelo agrícola puede prosperar.
Una tregua política: compensaciones y nuevos conflictos
En 2024, el gobierno aprobó un plan de compensación para los antiguos agricultores expulsados. Se reconocieron más de 440 reclamaciones por un total de 3.500 millones de dólares, además de pagos menores a agricultores extranjeros. Sin embargo, apenas el 1 % de ese monto se pagará en efectivo; el resto se emitirá en bonos del Tesoro, que en una economía quebrada valen poco más que el papel en que están impresos.
Además, las compensaciones cubren solo la infraestructura perdida —como maquinaria o sistemas de riego—, pero no la tierra. Y justo cuando se anunció el plan, el Parlamento aprobó una ley que consolida la propiedad de las tierras en manos de los zimbabuenses negros, prohibiendo su venta o transferencia a blancos.
El mensaje político era claro: el gobierno quiere mostrarse conciliador ante la comunidad internacional, pero sin provocar una crisis interna con las élites rurales negras que se beneficiaron de la reforma original.
En otras palabras, Mnangagwa busca pagar sin devolver, reconciliar sin ceder, negociar sin cumplir.
La diplomacia del espejismo
El trasfondo de todo este movimiento es más estratégico que humanitario. Zimbabue está sumido en deudas por más de 21.000 millones de dólares y necesita desesperadamente la ayuda de instituciones como el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Para lograrlo, debe mostrar al mundo señales de apertura, reconciliación y reformas. El discurso sobre el retorno de los agricultores blancos cumple precisamente ese papel: proyectar una imagen de buena voluntad sin alterar el equilibrio interno del poder.
De este modo, Harare utiliza la promesa de reconciliación como moneda diplomática: ofrece diálogo a cambio de alivio de sanciones y reestructuración de deuda, aun cuando en la práctica el modelo agrícola sigue atascado entre la desconfianza y la falta de recursos.
En el lenguaje de la política exterior, es un “acto de apariencia”: se promete lo suficiente para tranquilizar a los acreedores, pero nunca tanto como para incomodar a los aliados internos.
Epílogo: entre el hambre y el orgullo
Zimbabue se enfrenta hoy al dilema más antiguo de su historia reciente: elegir entre el orgullo político y la supervivencia económica. Recuperar a los agricultores blancos no es solo una cuestión de justicia histórica, sino de pragmatismo. Sin inversión, sin conocimiento técnico y sin acceso a crédito, la tierra fértil no produce esperanza, sino frustración.
El país intenta ahora caminar por una cuerda floja: no humillar a los beneficiarios de las reformas de Mugabe, pero tampoco seguir pagando el precio de una economía colapsada.
El hambre, a diferencia de la política, no tiene ideología.
Y en Zimbabue, el tiempo para reconciliar pasado y futuro se está agotando.