Que Pedro Sánchez estaba tomando el mismo camino que Nicolás Maduro se viene advirtiendo desde hace años. Ahora, los datos ya sitúan a Venezuela y España en el mismo nivel: ambas naciones lideran la lista de morosos internacionales.
España comparte el liderato con Venezuela, superando a Rusia, según el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales de 2023 elaborado anualmente por el servicio de estudios de NL Consulting. Este índice, que destaca los países con la mayor cantidad de laudos pendientes de pago, coloca a España en una posición destacada junto con Venezuela, dejando a Rusia en un lugar inferior. El «Top 5» se completa con Ucrania en cuarto lugar y Argentina en quinto.
El informe revela que solo el 6,7% de las sentencias de arbitrajes internacionales se encuentran en situación de impago, y señala que estos incumplimientos históricamente han ocurrido en países donde la aplicación de la ley es deficiente. España ha ascendido en este índice debido a sus incumplimientos con empresas e inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables iniciada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente retirada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La estrategia actual del Gobierno de Pedro Sánchez consiste en recurrir las decisiones en contra para evitar el pago.
Las consecuencias de esta estrategia incluyen el desprestigio internacional, evidenciado por este ranking, y la amenaza de embargos de activos del Reino de España en el extranjero por parte de los afectados. España ocupa el tercer lugar en términos de obligaciones ligadas a estas indemnizaciones, con 1.300 millones de dólares pendientes de pago. Rusia lidera este aspecto del ranking con 60.100 millones, principalmente relacionados con el caso Yukos, mientras que Venezuela se sitúa en segundo lugar con 7.100 millones.
España puede ir a más
La posición de España en este ranking podría empeorar, ya que actualmente tiene 25 casos sin un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos casos se resolverá de manera favorable para las empresas o inversores afectados por los cambios regulatorios, lo que podría elevar la cifra final de las indemnizaciones pendientes de pago a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares.
Las empresas afectadas por los impagos del gobierno español han iniciado litigios en varios países, invocando el cumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía y presentando los laudos definitivos ante los tribunales de Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Este enfoque refleja la determinación de las empresas e inversores para buscar justicia y compensación en jurisdicciones internacionales, ante la falta de resolución satisfactoria en el ámbito nacional.
Pedro Sánchez y Nicolás Maduro
Alerta por embargo
La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar de diversos activos relacionados con la indemnización por la catástrofe del Prestige, incluyendo el derecho de cobro de cerca de 900 millones de euros. Entre los bienes afectados se encuentran la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del Estado español y una entidad de promoción económica del Gobierno de Cataluña. En Australia, la Corte Suprema ha emitido una sentencia que allana el camino para procedimientos similares, y se esperan novedades a lo largo de 2024 que podrían afectar a bienes como la filial de Navantia en ese país.
En Estados Unidos, los tribunales continúan examinando los casos abiertos en la Corte del Distrito de Columbia. El Gobierno estadounidense ha emitido un informe alertando sobre los riesgos que enfrentan las inversiones energéticas en España, y la Cámara de Comercio se ha presentado ante la justicia para respaldar las demandas de las compañías afectadas y advertir sobre las consecuencias devastadoras de los impagos para la seguridad jurídica de las inversiones internacionales.
Además, se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española valuados en 1.000 millones de euros, activándose la cláusula que permite declarar un escenario de default técnico en caso de incumplimiento y morosidad en las obligaciones de pago por parte del país emisor. Esta acción ha aumentado en más de un 15% los costos de financiación del Tesoro, según estimaciones preliminares elaboradas por las empresas involucradas en la operación.
Pedro Sánchez y Nicolás Maduro
1.257 procesos
A nivel mundial, el número total de arbitrajes internacionales ha alcanzado los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a su conclusión (70%), mientras que 343 expedientes (27%) continúan su curso, según el servicio de estudios de NL Consulting. El estado de otros 24 procedimientos (3%) es desconocido. De los 890 casos con un laudo emitido, un 37% se resolvieron a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% concluyó en una victoria para los inversores denunciantes.
En un 19% de los expedientes, se alcanzó un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados, y un 3% de los procesos terminaron en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes. Hasta la fecha, un total de 132 países han sido denunciados al menos una vez mediante este tipo de procedimientos, lo que sugiere que los arbitrajes son ahora un elemento normalizado en las relaciones económicas internacionales.
En total, solo 60 de los 890 procedimientos que han culminado con un laudo definitivo se encuentran en situación de impago, es decir, el 6,7%. La lista de países que han incurrido en escenarios de morosidad se limita a un total de 14 naciones, siendo España el país con el mayor número de laudos pendientes de pago junto con Venezuela.