Los ricos vascos se beneficiarán de un impuesto más reducido en comparación con el resto de España, gracias a un acuerdo alcanzado entre PNV, PSOE y Elkarrekin-Podemos en las tres diputaciones. Este pacto permitirá su aprobación en las Juntas de Álava y Guipúzcoa, donde el PNV y PSE no cuentan con mayoría.
Según este acuerdo, el tipo impositivo más alto, del 3,5 %, se aplicará a partir de los 14,5 millones, en contraste con los 16 millones propuestos inicialmente. En el tramo previo, de 12,8 millones, se aplicará un 2,5 % en Álava y Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia será del 2 %, ya que el PNV y PSOE no necesitan el apoyo de Elkarrekin para aprobar el impuesto.
El sindicato ELA ha señalado en un comunicado que los ricos vascos «pagarán menos impuestos que en el resto del Estado». En las comunidades autónomas de régimen común, el impuesto tiene un tipo del 1,7 % para patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1 % para patrimonios entre 5 y 10 millones; y del 3,5 % para patrimonios superiores a 10 millones de euros.
ELA critica el uso del Concierto Económico para beneficiar a las grandes fortunas y proporcionar un tratamiento más favorable a quienes tienen más. Además, señala que en 2022 no se reguló el tributo para las diputaciones vascas, lo que significa que las grandes fortunas locales no pagaron este impuesto, a diferencia de lo que ocurrió en el resto del país. Según las estimaciones de ELA, solo 65 personas pagarán el tributo en el País Vasco, con una recaudación prevista de 2,5 millones de euros.
Cambios de residencia
La reciente validación por parte del Tribunal Constitucional de la tasa de solidaridad a las grandes fortunas ha despertado el interés entre los patrimonios más altos en España por explorar la posibilidad de cambiar de residencia y establecerla en países extranjeros con condiciones fiscales más favorables.
El tributo fue impugnado por los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Galicia. La mayoría del Tribunal Constitucional, liderada por la ponente María Luisa Balaguer, cerró el caso argumentando que dicho impuesto no constituye una invasión por parte del Estado en las competencias fiscales autonómicas. Como resultado, varias regiones han comenzado a reactivar el impuesto sobre el patrimonio para evitar que la recaudación vaya al Gobierno central.