Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta a financiar el dislate independentista catalán.
En una contraofensiva fiscal, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio que bonificó al 100% Esperanza Aguirre en 2008 y así ingresará un impuesto que ahora estaba recaudando el Estado.
En concreto, 555 millones, con lo que el impuesto a grandes fortunas de Pedro Sánchez reunirá apenas 68 de los 1.500 millones que Hacienda ha comunicado a Bruselas que preveía ingresar. Una decisión que llega justamente después de conocer el fallo del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a grandes fortunas.
La Comunidad de Madrid ha decidido evitar mencionar la recuperación del impuesto de Patrimonio y, en su lugar, está trabajando en una «tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el impuesto de las grandes fortunas». En lugar de restablecer el impuesto de Patrimonio, la Comunidad está realizando modificaciones legales para evitar que el dinero de los madrileños termine en manos del Gobierno central. Estas modificaciones incluyen ajustes en las bonificaciones de Patrimonio u otras medidas necesarias, pero no implican la reinstauración de un tributo en el que no creen.
La estrategia busca neutralizar el impacto del impuesto en la pérdida de inversiones y en la atracción de contribuyentes. Sin embargo, crear una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) favorable a las grandes fortunas sería difícil de justificar y explicar.
Isabel Díaz Ayuso
En cambio, la Comunidad de Madrid plantea la idea de gravar el impuesto de Patrimonio únicamente a aquellos que poseen grandes fortunas, a partir de los 3.5 millones de euros, y luego devolver ese dinero a todos los madrileños a través de nuevas rebajas fiscales. El objetivo es asegurar que el dinero recaudado beneficie a los madrileños, principalmente mediante la reducción de impuestos.
La decisión de no hacer nada después de que el Tribunal Constitucional haya validado el impuesto implicaría que el Estado continúe recaudando el impuesto sobre las grandes fortunas en Madrid, lo que representa más del 90% del total recaudado. Además, en un momento en el que la Comunidad de Madrid destaca las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts y ERC para Cataluña, existe la posibilidad de que los ingresos del Estado se utilicen en estas negociaciones.
En el último enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a este impuesto, ambos intentan resaltar quién se beneficia y quién se ve perjudicado con la validación del Tribunal Constitucional. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha destacado que «Isabel Díaz Ayuso va a recuperar Patrimonio» ahora que ha perdido el recurso en el Constitucional.
Desde la Comunidad de Madrid, argumentan que su objetivo es que «esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño». Díaz Ayuso muestra su sorpresa por la independencia otorgada a algunas comunidades autónomas para decidir sobre su fiscalidad, mientras que Madrid no tiene la misma libertad para tomar decisiones similares.
Es importante recordar que el impuesto sobre las grandes fortunas es una propuesta de ERC, que intentó introducir una enmienda en los Presupuestos de 2021 para crear un impuesto similar dirigido contra Madrid. Esta propuesta fue descartada por María Jesús Montero en 2020 debido a posibles problemas de constitucionalidad. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió finalmente crear el impuesto en septiembre de 2022, cuando Andalucía anunció que también bonificaría Patrimonio al 100%. Esta decisión ha llevado a la Comunidad de Madrid a buscar alternativas para evitar la superposición de impuestos y garantizar que los fondos recaudados beneficien a los madrileños mediante la reducción de impuestos.