Una nueva pifia de la Seguridad Social pondrá contra las cuerdas hasta a un millón de autónomos en España.
En concreto, el millón de autónomos de carácter societario, de los 3,3 millones de autónomos generales que hay en España, podrá ser sancionado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con multas que pueden alcanzar entre 70 y 700 euros máximo, según el artículo 21.4 de la RDL 5/2000 de 4 de agosto, sobre el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
El diario ‘The Objective’ desvela que el motivo no es otro que el “caos” que reina en el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, y que podría derivar en un limbo legal plagado de sanciones -puede que hasta durante dos meses, al menos-. Son multas que se producen ante la dificultad que el 90% de autónomos societarios ha tenido para enviar antes del pasado 31 de octubre los datos requeridos por la Tesorería General. Dificultades, entre otras razones, que vienen dadas por la difícil operatividad de sus medios informáticos.
A pocos días del fin del plazo, y ante esta incapacidad de la Seguridad Social por conseguir de estos autónomos datos como el porcentaje de acciones de un autónomo societario, los nombres de los otros socios y el porcentaje de sus acciones, entre otras cuestiones, a Escrivá no le quedó otro remedio que anunciar in extremis la ampliación del mismo hasta el 31 de marzo de 2024.
El citado medio precisa que la decisión de Escrivá, lejos de ser una solución supondrá un problema mayor, porque el nuevo real decreto del que habla el ministro no se ha hecho aún realidad, y porque además, está pidiendo datos de los autónomos que ya tiene o que tienen otros negociados del Estado, como la Agencia Tributaria -incumpliendo así la Ley 39/2015, que impide pedir datos si la administración ya los tiene. Y a esto se añade otro problema -apuntan-: la exigencia de una información que bien podría saltarse la protección de datos, por lo que los Gestores Administrativos sospechan que el Ministerio de Seguridad Social más bien parece regirse por un principio inspector y de control, más que de gestión.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
¿Y el BOE?
La Seguridad Social también ha pasado por alto un asunto crucial: hasta el momento, y con un Gobierno en funciones desde el 23 de julio, aún no se ha aprobado ninguna normativa que confirme la prórroga del plazo para la entrega de datos hasta el 31 de marzo de 2024. Esta extensión no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta ahora.
Lo existente hasta la fecha, según indican, es simplemente un proceso de consulta pública iniciado el 20 de octubre, sobre un proyecto de modificación de un Real Decreto que está en la fase de recepción de comentarios hasta el 14 de noviembre. Esto implica que después de esa fecha, se debe agregar otro calendario al proceso: el de los informes preceptivos, las reuniones de las comisiones de subsecretarios, las comisiones de secretarios de Estado y, finalmente, la aprobación de la modificación del Real Decreto por parte del Consejo de Ministros.
En resumen, desde un punto de vista técnico, se requerirán al menos mes y medio o dos meses para que este proceso se complete. Mientras tanto, los autónomos societarios que no han cumplido con la obligación de comunicar sus datos se encuentran en una especie de «limbo», a la espera de que una inspección les exija cumplir con este requisito. La Tesorería General de la Seguridad Social requiere estos datos para gestionar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos.
Este problema se remonta al 27 de junio, cuando a través del Real Decreto 504/2022 se estableció una disposición transitoria que requería la entrega de estos datos antes del 31 de octubre de 2022. Sin embargo, no fue hasta mediados de septiembre cuando la TGSS comenzó a enviar cartas a los autónomos societarios, solicitándoles la razón social y el número de identificación fiscal de las sociedades o comunidades de bienes a las que pertenecen. En el caso de aquellos que son consejeros, administradores o prestan otros servicios para la sociedad, también se les solicitó su porcentaje de participación en el capital social.