Sumar está presionando al PSOE de Pedro Sánchez para aumentar la presión sobre la mal llamada reforma laboral.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones, buscará en las negociaciones de cara al debate de investidura obtener aquello que Nadia Calviño le bloqueó desde el Consejo de Ministros: encarecer el despido.
La también vicepresidenta segunda va más allá del incremento de las indemnizaciones, y su propuesta constituye una auténtica revolución que pivota sobre una profunda revisión de las causas, incluido el periodo de prueba. Con ello se darán más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia y que la empresa se vea obligada a readmitir al trabajador o a pagar la compensación más elevada.
Díaz quiere cambiar el sistema para intentar evitar el sangrado de despidos y para dotar de más herramientas a los jueces y abogados laboralistas que eviten este ‘agujero’ en las estadísticas de su ministerio. Todo a la vez que dificultar a las empresas de manera general las opciones para echar a los trabajadores. Y ello se traducirá en una mayor judicialización de las extinciones de las relaciones laborales, que actualmente tampoco supone una barrera a lo que los laboralistas consideran un persistente en los despidos.
Solo en lo que va de año, las bajas de afiliación por despido han aumentado un 32%, o un 51,5% si solo contamos los casos de trabajadores con contratos indefinidos. Más de la mitad, un 54%, corresponden a despidos disciplinarios que, en teoría, no conllevan indemnización. El 41% son objetivos, con una compensación de 20 días por año trabajado.
Paradójicamente, los declarados improcedentes, los más caros, con una indemnización de 33 días y en los que la líder de Sumar pone el foco a la hora de presentar sus ideas, apenas suponen un 0,14% del total. Y su número se ha desplomado un 50% respecto a 2022.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez
Una medida que ya no funciona
Elevar el coste del despido podría no evitar que el paro siga creciendo. A pesar del bulo de la izquierda y extrema izquierda sobre que “despedir en España sale muy barato”, la realidad es otra.
Los datos demuestran el precio del despido que fija la legislación española es el más elevado de la Unión Europea y el tercero de la OCDE. Así lo refleja un informe de 2021 elaborado por Alexander Hijzen y Andrea Salvatori, de la División de Empleo e Ingresos de la OCDE, con la colaboración de consultores españoles como Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, analizaba el impacto de la indemnización por despido en la dualidad del mercado laboral. En este sentido, planteaban la posibilidad de introducir un cambio en el que no hay indemnizaciones, sino un fondo que se nutre de aportaciones de los trabajadores, como la denominada ‘mochila austriaca’.
También obvian que los datos de la OCDE constatan que en España la indemnización por despido fluctúa demasiado en función de la antigüedad, que lleva a que los trabajadores más recientes sean los más vulnerables a un cese. Algo que puede explicar el fenómeno de la volatilidad de los empleos fijos creados tras la reforma laboral.
En cualquier caso, según los propios datos del Ministerio de Trabajo (los últimos correspondientes también a 2021), la indemnización media por despido es de 11.416,7 euros, aunque esto varía en función el tipo de contrato. Un indefinido a tiempo completo percibe 18.112,4, un fijo discontinuo 4.642,7 y un temporal a tiempo completo 1.462 euros. También influye el tipo de despido: uno disciplinario (que legalmente no tienen indemnización, aunque siempre acaba viéndose reclamados) recibe no obstante una compensación media de 9.512,3 euros, mientras un despido objetivo, tasado a 20 días, solo 9.310,3 euros. Por el contrario, un despido colectivo alcanza los 21.754,9 euros.
Yolanda Díaz
Impacto cero
¿Qué impacto tendrá la reforma que prepara de Díaz en estos importes? A priori, muy escaso si se limita, en principio, a los despidos que se declaren improcedentes. Una forma de evitar los recelos de Bruselas.
Según los últimos datos de Trabajo, que corresponden a 2021, un 15% de los despidos son recurridos, pero solo un 0,3% llegaron a un juzgado y menos de la mitad de estos, un 0,14% del total, se saldaron con una sentencia que los declaró como improcedentes
En esos casos, la indemnización subió de media hasta los 19.198,3 euros, un 68% más que la media. Un incremento que tampoco casa con el argumento de un despido «demasiado barato». No en el contexto de las principales economías del mundo.