El Gobierno de Andrés Manuel López-Obrador (AMLO) avanza en su ofensiva contra el Reino de España y sus empresas.
El presidente de México ha solicitado, en varias oportunidades, que España pida perdón oficialmente por la Conquista de América. Una ofensiva que también traslada al mercado económico, donde suele atacar públicamente a las multinacionales españolas en el país, a las que acusó de “abusar” de los mexicanos.
Ahora, OkDiario adelanta que las filiales del Ibex 35 han acordado un pacto de no concurrencia a las licitaciones ofertadas por la Administración Pública mexicana. Se trata de un acuerdo no escrito para demostrar su malestar por las palabras de AMLO, así como por las dificultades administrativas y judiciales interpuestas por las autoridades mexicanas a la correcta ejecución de las adjudicaciones.
“Desde hace tiempo no concurrimos a los macrocontratos que oferta el Gobierno mexicano porque siempre que empezamos a trabajar, tenemos que parar por una nueva norma que se inventa AMLO o una orden de un juez indirectamente monitoreado por el presidente”, explican al citado medio.
Y añaden: “Y estamos hablando de adjudicaciones de millones de euros, con empleados españoles desplazados. Es decir; que se trata de un despliegue económico y humano cuya reversión nos cuesta mucho dinero y tiempo”.
De hecho, hace apenas un año el presidente mexicano, AMLO anunció «una pausa» en las relaciones con España y, fue tal el revuelo, que el político no contento con agitar las aguas, aclaró que se refería a las empresas españolas. Según el mandatario, estas mercantiles «abusan» del pueblo por verlo como «tierra de conquista» e incluso acusó con nombre y apellidos a directivos de mercantiles españolas de utilizar subsidios para «favorecer a las empresas».
AMLO
Pierde México
Así las cosas, varias se están planteando mudar su filial «a otros países con mayor seguridad jurídica como Perú, Chile o Colombia» antes de que acabe el año. La pérdida que podría tildarse de millonaria para el erario público mexicano se cifra ya en más de 221.000 millones de dólares americanos (más de 20.000 millones de euros) la cartera de las constructoras españolas en Hispanoamérica.
Tan solo en 2022, Sacyr se adjudicó contratos por un valor total superior a los 2.500 millones de euros (una segunda concesión de la Autopista Santiago-San Antonio o del reemplazo del puente ferroviario Biobío en Chile; o la recuperación del Canal del Dique o la malla vial del Valle del Cauca y del corredor Buenaventura-Buga en Colombia) y Acciona casi 500 millones (por la construcción del Hospital de La Serena o la planta desalinizadora Collahuasi en Chile).
Por su parte, Ohla casi 460 millones (por la construcción de los accesos Norte de Bogota (fase II) en Colombia o la Línea 7 del Metro de Santiago y la adecuación operacional Spence en Chile); ACS más de 220 millones (por dos tramos y los patios de trenes de también la Línea 7 de Metro de Santiago de Chile); FCC más de 4.400 millones (por la Línea 2 del Metro de Lima en Perú o la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre en Colombia) y Ferrovial (aunque esta mercantil no informó oficialmente sobre la composición geográfica de su cartera).
Si no existe un cambio radical por parte del Gobierno mexicano -y AMLO aun gobernará hasta final del próximo año- podrían ser varias las constructoras españolas que podrían decidir mudar su negocio a otros países que como Chile, Perú o Colombia, ofrecen un entorno más favorable al desarrollo de las adjudicaciones públicas.