Alberto Núñez Feijóo buscará acabar con los dos grandes impuestos implementados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el líder del PP no lo hará a golpe de derogaciones, sino con el respaldo de la Justicia.
Por ejemplo, en el impuesto temporal a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas el ‘popular’ esperará al auto de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) para tomar una decisión.
En este sentido, además de respetar la separación de los poderes, Feijóo da la oportunidad al Tribunal Constitucional de ser quien reconozca que la medida fiscal de Sánchez atenta contra la Constitución.
Algo similar ocurre con las grandes fortunas. Un plan del presidente del Gobierno para evitar que éstas esquiven el impuesto de Patrimonio gracias a las bonificaciones decretadas en las comunidades del PP, donde Feijóo esperará a conocer el resultado de los recursos presentados por las autonomías gobernadas por los ‘populares’ ante el Constitucional.
Desde ‘El Economista’ desvelan que la táctica será distinta en el caso del gravamen a las compañías energéticas. En concreto, si el líder popular accede a La Moncloa se limitará a adaptarlo a la normativa europea, que apunta a los beneficios extraordinarios y no a la cifra de negocio, como estipula la ley aprobada el pasado diciembre en el Senado.
En todo caso, si el gallego escala el 23-J a la presidencia del Gobierno solo podría tumbar la parte de los impuestos correspondientes a las liquidaciones de 2023, que se practicarán en 2024, pero no lo ya ingresado.
Génova ya trató de frenar la tramitación de los gravámenes en el Senado, donde presentó un veto que no prosperó. «Nos oponemos a la introducción de este gravamen por el Gobierno, pues, en todo caso, debería basarse en un esfuerzo fiscal que debería hacer el sector por el aumento de beneficios extraordinarios, si bien, ustedes lo aplican sobre ingresos», dijo la senadora popular María Pilar Alía, durante su intervención en el pleno de la Cámara Alta hace ya cinco meses.
Ambos impuestos tienen carácter temporal, se aplicarán durante los años 2023 y 2024, pero teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2022. El pasado mes de febrero, Montero informó del resultado del primero de los dos pagos que las compañías deben realizar a lo largo de este ejercicio. El desembolso alcanzó casi los 1.500 millones de euros, una cifra que se encuentra en línea con las estimaciones efectuadas por el Gobierno, que prevé ingresar 3.000 millones de euros anuales. El Ejecutivo espera ingresar otros 3.000 millones más a través de la tasa a los ricos.
Desde su anuncio, Núñez Feijóo se mostró muy crítico. Su bancada votó en contra en el Congreso, aunque no se sumó a los bancos en el recurso que presentaron ante el TC. Aun así, su portavoz económico, Juan Bravo, anticipó un fallo en contra por parte de la Justicia, algo que provocaría que el próximo Ejecutivo se viera obligado a devolver todo el importe cobrado hasta ahora.