El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que todas las autonomías ‘pasen por el aro’ con la Ley de Vivienda.
A pesar de que comunidades como Madrid o Andalucía -en manos de Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno– advertían que no aplicarían aquellas áreas no obligatorias de la Ley de Vivienda, ahora desde Moncloa les obligarán a ‘tragar’ con el índice de aplicación nacional para limitar la subida de los precios del alquiler en la actualización de los contratos.
Una medida que deberá implementarse independientemente de que se trate o no de una zona tensionada. ¿Cómo lo hará?, la periodista Eva Díaz explica en ‘El Economista’ que el Gobierno se escudará en la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de marzo de 2022.
“Donde se aclaró que el Estado es el único que tiene competencias para limitar los precios del alquiler, y no las CCAA, puesto que los contratos se rigen por la norma de materia civil, y sobre esta solo es competente el Estado con el objetivo de homogeneizar la situación a nivel nacional”.
A pesar de que la Constitución Española recoge que las autonomías tienen el mando en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, el Gobierno de Sánchez ahora se aferra a una treta legal para meter sus manos en los contratos de alquiler en todo el territorio nacional.
“Una cuestión novedosa que sacó a la luz el Tribunal de Garantías con su fallo, puesto que incluso en 2021, cuando el Gobierno y Unidas Podemos comenzaron a redactar la Ley por el Derecho a la Vivienda dejaban a las CCAA la libertad de aplicar los topes del alquiler en un intento de no entrometerse en sus competencias de vivienda. De hecho, hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe de 2021 sobre el primer borrador de la ley, cuestionaba que la norma entorpecía las competencias cedidas a las autonomías”, precisa Díaz.
Con el nuevo fallo del Tribunal Constitucional (liderado por el amigo de Sánchez, Cándido Conde-Pumpido) en sus manos, el Gobierno se siente libre de actuar en materia de precios al verse con la única potestad para hacerlo y obligará por ley a las distintas CCAA a regirse por el nuevo índice para que los propietarios actualicen los precios del alquiler, sin posibilidad de encarecerlos más allá de lo que marque este nuevo referente.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso
Guerra judicial
Ayuso ya puso en marcha la maquinaria para redactar el recurso del Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional contra las «injerencias intervencionistas e inaceptables» de Sánchez.
Se trata de una iniciativa legal con 12 recursos de inconstitucionalidad sobre diferentes materias que ya ha presentado la Comunidad contra Moncloa en su estrategia de confrontación jurídica, que junto con la legislativa sirve a Ayuso para configurar un escudo contra toda oposición a sus políticas liberales. En este caso, para articular ese recurso aún es necesario conocer el texto definitivo de la Ley, estudiarlo y ver exactamente qué aspectos de la norma “invaden competencias autonómicas o atentan contra los derechos de la propiedad privada”, los dos aspectos que quiere preservar el Gobierno regional.