Mónica García tiene entre sus planes ‘cargarse’ a Muface.
La líder de Más Madrid, que asume el programa de Sumar, tiene entre sus compromisos con los votantes acabar con Muface. Así lo transmitía el programa con el que se presentó a las elecciones el partido capitaneado por Yolanda Díaz, pero es que además la guerra contra el modelo viene desde años prepandémicos.
Ya en 2019, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sellaron su acuerdo en un abrazo, el documento firmado por ambos líderes contemplaba acabar con el sistema de mutualidad en España. En aquel momento, la expresión que se utilizaba era ‘dejarlo morir’, algo que si se escucha las demandas de las empresas que prestan el servicio se está cumpliendo, ya que la queja más aireada es la falta de financiación que tiene el modelo.
Hace unos meses, el diario ‘El Economista’ adelantó de que DKV, una de las tres firmas aseguradoras, avisaba de que si continuaba la situación, no volverían a prestar el servicio.
El responsable de la aseguradora explicaba que la media anual que cobran por asegurado es de 1.000 euros al año. DKV tiene una cuota del 10% de los funcionarios afiliados a Muface, por lo que sus ingresos rondan los 200 millones. Sin embargo, la aseguradora también denunciaba que el sistema es deficitario en 160 millones anuales, cifra que afecta en proporción a las tres compañías que sostienen el sistema. «Nuestras pérdidas son de 20 millones al año», afirma.
La idea de acabar con Muface, por tanto, parece que nació en la anterior legislatura y que puede certificarse en la presente. Si el objetivo es dejar que, poco a poco, vaya siendo deficitario, no habrá empresas que concurran. Sin embargo, hay un dato que puede volverse en contra de los planes de Mónica García. Si pagan 1.000 euros al año por asegurado pero la media per cápita de gasto sanitario se sitúa en torno a los 1.400, el incremento del gasto en sanidad se dispararía, tanto para el gobierno central como, sobre todo, para las autonomías.
Muface
Deberes heredados
Dentro de las responsabilidades del Ministerio de Sanidad, existen dos archivos abarrotados de documentos: uno dedicado al sector farmacéutico y otro vinculado a la sanidad privada. Comenzando con el primero, la tan esperada Estrategia Farmacéutica debería haber sido presentada este año, una meta que lamentablemente no se ha cumplido. En este conjunto de normativas, se destacan dos iniciativas independientes pero estrechamente relacionadas.
En primer lugar, el Gobierno busca garantizar una producción local de medicamentos que considera esenciales, así como convertirse en un polo de atracción de inversiones para moléculas más complejas. Para lograrlo, cuenta con un compromiso del sector farmacéutico que asciende a 8.000 millones de euros, aunque este respaldo no es gratuito. A cambio, se ha solicitado una reforma legislativa que facilite la incorporación de innovaciones farmacéuticas a la financiación pública, un proceso que en España lleva más de 600 días, a pesar de que las directrices europeas establecen un límite de 180 días.
En este ámbito se han realizado esfuerzos, pero aún no se ha alcanzado un resultado concreto. La idea de un cambio profundo a través de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento fue descartada por falta de tiempo, y en su lugar se propusieron dos Reales Decretos que aún están en una fase incipiente. Ahora, será responsabilidad del departamento de García concluir estos trabajos, si es que su enfoque coincide con la continuidad de la política del Gobierno anterior.
Por otro lado, para aumentar la fabricación de medicamentos considerados estratégicos, se requiere ajustar otra medida política: el Sistema de Precios de Referencia, que reduce anualmente el precio de los medicamentos más antiguos. Esta medida se justifica por razones de rentabilidad, ya que en muchos países los costos son considerablemente más bajos que en España y el precio de estos tratamientos, en muchos casos, ronda el euro. En respuesta a esto, el sector ha solicitado que estos medicamentos a producir se excluyan del Sistema.
Asimismo, está pendiente la ley de Equidad, la cual plantea desafíos al desarrollo de la sanidad privada en España. En este punto, la posición del sector es clara: no están dispuestos a que el texto avance en su forma actual. El articulado implica efectivamente la derogación de la normativa 15/97, que permitió el desarrollo de la sanidad privada en España. Estos acuerdos representan alrededor del 11% de la facturación del sector, una situación que amenaza con sacudir los cimientos de la industria.
Además, las empresas también reclaman una agilización en la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios debido a la escasez de profesionales en España. Según datos de la OCDE, aproximadamente un tercio de los profesionales se jubilará antes de 2030. Aunque el Ministerio de Sanidad ha aprobado algunas iniciativas en este sentido, hasta la fecha no han sido suficientes.