Una colosal huelga podrá hacer tambalear a España por culpa de la falta de palabra de Pedro Sánchez.
La Plataforma Nacional de Defensa del sector del Transporte, la organización que puso en vilo a un país por sus protestas hace un año, vuelve a la escena. El próximo mes de octubre la organización -que cuenta con el apoyo de miles de asociados- llevará a cabo un ‘cónclave’ para definir sus líneas de actuación con la llegada del nuevo gobierno: no quieren ayudas ni subvenciones, sino que se efectúen los compromisos del Ejecutivo con su sector y que, de forma estructural, no vuelvan a perder dinero por transportar mercancías.
El 14 de julio de 2022, el Ministerio de Transportes anunció que se tramitaba por la vía de urgencia un Real Decreto-ley que incluía en sus disposiciones «asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquellos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia». Pese al posterior compromiso con respecto a esta materia, un año después esta medida estructural sigue sin materializarse y continúa ahogando a los transportistas.
En declaraciones a ‘The Objective’, el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, admite:
“No se pueden estar vendiendo parches y migajas cuando no sabemos cuál es el problema real. Los transportistas de base, el que tiene su camión y la pequeña sociedad, damos la bienvenida a cualquier ayuda, pero eso no ataja el verdadero problema: el precio de nuestro trabajo. Las fábricas pagan unos precios que luego el consumidor, cuando va a comprar al supermercado, los encuentra muy encarecidos por las partidas de transporte y de producción. Pero realmente al transportista efectivo que lo lleva le están pagando un 40% o 50% menos de lo que el consumidor paga por el transporte”.
La Plataforma cuenta con más de 40.000 empresas de transporte asociadas y estiman que sumando a los autónomos pueden llegar a los 90.000. «Nosotros nos estamos organizando entre nuestros socios. En el momento de que haya gobierno formal, este se tendrá que sentar y contar por qué no cumplió con su palabra con respecto a los precios justos. Y si no hay un cambio radical en la actitud y en el proceder ante todas las denuncias que han llegado, que las han archivado, posiblemente tendremos un conflicto igual al que pasó en 2022”.
En medio de esta situación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) -que está considerado como el interlocutor válido por el Gobierno para negociar la situación de los transportistas y que tiene una cuota del 54% en el Comité Nacional del Transporte por Carretera- negocian con el Ejecutivo prorrogar las ayudas de 20 céntimos el litro de combustible. Una medida que decae esta semana a cinco euros el litro de combustible.
Por último, Hernández relata así la ineficacia que les suponen las subvenciones del Gobierno: “Que nos den 20 céntimos, vale. Pero si mañana el gasoil sube 30 céntimos, qué hemos solucionado, como ya pasó en abril del pasado año. Quien soluciona esto es la CETM, que se encuentra en el Comité de Transportes, y que son grandes empresas con un poder de negociación importante. Pero ellos prefieren las ayudas a los precios justos”.