El auge de los influencers en las redes sociales ha planteado la necesidad de regulaciones y normas para proteger a los consumidores y usuarios de posibles prácticas engañosas o perjudiciales. Francia se ha convertido en el primer país europeo en aprobar una ley específica para regular esta actividad, con el objetivo de que los influencers se ajusten a la legislación publicitaria y eviten publicaciones engañosas. Esta medida busca prohibir la promoción de ciertos productos y requerir que los influencers indiquen claramente cuando sus contenidos son pagados o colaboraciones comerciales.
Otros países como España, Alemania, Reino Unido y Noruega también han comenzado a establecer regulaciones sobre las publicaciones comerciales en redes sociales. Incluso la Comisión Europea, en Bruselas, ha propuesto medidas para limitar la promoción de productos financieros por parte de los influencers, exigiendo que informen sobre los riesgos asociados a estas operaciones.
Aunque estas regulaciones buscan proteger a los consumidores, algunos cuestionan si será posible cubrir todos los aspectos y vacíos legales en este ámbito en constante evolución. Los avances tecnológicos y las transformaciones rápidas en los medios digitales plantean desafíos para la regulación exhaustiva. Sin embargo, es importante abrir el camino y establecer al menos un marco normativo mínimo para proteger a los grupos más vulnerables en el mundo digital, como los menores y los jóvenes.
En conclusión, la regulación y definición de los perfiles de los influencers y su trabajo en las redes sociales se ha vuelto prioritaria para los legisladores. Aunque puede ser difícil cubrir todos los aspectos debido al constante avance de los medios digitales, es necesario establecer regulaciones para proteger a los consumidores y usuarios más vulnerables en el entorno digital.
Cómo tributan en España
La única referencia que encontramos a los influencers en las leyes españolas es la contenida en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Esta mención se limita a constatar la existencia de «usuarios de especial relevancia» que emplean «servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma» que se suelen agrupar «bajo el concepto de vloggers, influencers o prescriptores de opinión» y que «gozan de relevancia en el mercado audiovisual desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo».
El texto consolidado de esta ley establece que:
«La irrupción y consolidación de estos nuevos agentes requiere de un marco jurídico que refleje el progreso del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a estos servicios, la protección del consumidor y la competencia». Contempla también que «el desarrollo aún incipiente de estos servicios aconseja el establecimiento de una serie de obligaciones básicas relativas a los principios generales de la comunicación audiovisual, a la protección del menor, a la protección del consumidor y a su inscripción en el Registro».