La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, fue uno de los acontecimientos sociales del año. Más de un millar de invitados, un dispositivo de seguridad sin precedentes y una producción valorada entre 20 y 30 millones de dólares transformaron durante horas uno de los espacios más emblemáticos de Manhattan.
Sin embargo, más allá del glamour y de los titulares, existe una cuestión de la que apenas se habla: el coste económico indirecto que generan este tipo de eventos para quienes no forman parte de la celebración.
Cerrar parcialmente una de las zonas con mayor actividad de Nueva York implica mucho más que restringir el tráfico.
Alrededor del Madison Square Garden trabajan cada día decenas de vendedores ambulantes, pequeños comercios, cafeterías, restaurantes, conductores, repartidores y trabajadores autónomos cuyos ingresos dependen, en gran medida, del flujo constante de personas.
Cuando una zona queda acordonada durante horas por motivos de seguridad, muchos de esos negocios ven reducirse su actividad. Algunos incluso deben cerrar temporalmente o modificar su funcionamiento. Para una gran cadena, unas horas de menor facturación apenas tienen impacto. Para un pequeño comerciante que vive del ingreso diario, la situación puede ser muy diferente.
A ello se suma el contexto en el que tuvo lugar la celebración. Nueva York recibe este verano un importante aumento de visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, un periodo en el que hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos esperan registrar algunos de sus mayores ingresos del año. Cualquier alteración en la movilidad de una zona tan transitada tiene efectos que van mucho más allá del propio recinto.
Esto no significa que el evento no generará también actividad económica.
Muy al contrario.
Empresas de seguridad, floristas, diseñadores, decoradores, proveedores de catering, transporte de lujo, producción audiovisual, hoteles y cientos de trabajadores participaron en una celebración que movilizó millones de dólares y generó empleo temporal. Como ocurre con cualquier gran evento, existen ganadores económicos.
Pero también existen costes menos visibles.
La economía suele medir el impacto positivo de este tipo de acontecimientos a través del gasto realizado por los organizadores y los invitados. Mucho menos habitual es analizar el coste de oportunidad: los ingresos que dejan de percibir quienes no pueden desarrollar con normalidad su actividad debido a las restricciones que exige un acontecimiento de esta magnitud.
No se trata de cuestionar el derecho de una pareja a celebrar su boda como desee, ni de señalar a Taylor Swift o Travis Kelce. Si el mismo nivel de restricciones se hubiera aplicado para la boda de cualquier otra figura pública, el debate sería exactamente el mismo.
La cuestión es otra.
¿Hasta qué punto una ciudad debe asumir el impacto económico que genera la privatización temporal de espacios públicos o de áreas estratégicas para celebrar eventos privados?
En una economía urbana donde miles de trabajadores dependen de la actividad diaria de las calles, estas preguntas cobran cada vez más importancia. Porque detrás de los focos, las alfombras rojas y las fotografías virales también existe otra realidad: la de quienes viven de vender un café, un recuerdo o una comida rápida a los miles de personas que cada día atraviesan esas mismas calles.
Los grandes eventos generan riqueza. Pero también redistribuyen quién la recibe.
Y quizá ese sea el verdadero debate económico que deja una boda de estas dimensiones.