México tiene una historia larga y dolorosa de violencia contra la Iglesia Católica. La Guerra Cristera de 1926-1929, en que el Gobierno de Plutarco Elías Calles intentó erradicar la influencia eclesiástica mediante la persecución sistemática del clero, dejó más de 90.000 muertos y produjo mártires que el Vaticano canonizó décadas después.
Las imágenes de sacerdotes fusilados, de iglesias cerradas y de fieles que morían defendiendo su derecho a practicar su fe forman parte de la memoria histórica más oscura del país.
La violencia contra el clero mexicano del siglo XXI no tiene la misma naturaleza ideológica que aquella persecución estatal. No es el Estado quien mata a los sacerdotes hoy, aunque su incapacidad para protegerlos es parte del problema. Es el crimen organizado. Pero el resultado es similar: figuras con autoridad moral independiente del poder dominante son eliminadas cuando su influencia resulta un obstáculo para quien controla el territorio.
La diferencia es que Calles quería sustituir la autoridad de la Iglesia por la del Estado. Los cárteles de hoy quieren sustituirla por la suya propia. Y en ambos casos, el sacerdote que no se dobla paga un precio que con demasiada frecuencia es su vida.
Los números que definen una crisis
Desde 2006, año en que el Gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y desencadenó una espiral de violencia que todavía no ha terminado, se han registrado en México más de 180.000 homicidios vinculados a la criminalidad organizada y más de 100.000 personas desaparecidas según recuentos oficiales y organismos de seguimiento de seguridad. Es una cifra que supera a la de muchos conflictos armados formalmente declarados y que convierte a México en uno de los países más violentos del mundo sin estar técnicamente en guerra.
Dentro de ese marco, los ataques contra miembros del clero forman parte de un patrón más amplio de intimidación en zonas disputadas. Los sacerdotes no son las víctimas más numerosas de la violencia organizada, pero su asesinato tiene un impacto simbólico desproporcionado porque elimina figuras de cohesión comunitaria en lugares donde esa cohesión es el último recurso de las poblaciones atrapadas entre el Estado y el crimen.
Los estados con mayor incidencia son los de alta presencia de cárteles y disputa territorial activa: Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y zonas de Jalisco. Son precisamente los territorios donde la presencia institucional del Estado es más débil y donde los cárteles han construido estructuras de control social que sustituyen a las del gobierno en muchas funciones cotidianas.
Por qué matan a los sacerdotes
Las investigaciones de seguridad coinciden en que los ataques contra el clero raramente tienen un componente religioso directo. No se mata a los sacerdotes por su fe sino por su función. Y esa función, en las comunidades rurales y periurbanas donde los cárteles ejercen su control, puede ser extraordinariamente incómoda para quienes necesitan el miedo y la obediencia para gobernar.
El sacerdote que denuncia los reclutamientos forzados de jóvenes por parte de los cárteles en su sermón dominical. El que ayuda a las familias de desaparecidos a documentar los casos y a presentarlos ante las autoridades. El que se niega a bendecir las armas de un grupo criminal o a celebrar los funerales de sus líderes con honores que legitiman su poder. El que simplemente representa, por el hecho de estar ahí y de no haberse ido, que existe una autoridad que no depende del cartel.
Todos esos sacerdotes son percibidos como obstáculos para el control del territorio. Y en contextos donde la violencia funciona como herramienta de regulación social, eliminar las figuras de cohesión comunitaria independiente es una estrategia racional desde el punto de vista del poder criminal.
El padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tzotzil asesinado en Chiapas en octubre de 2024 mientras salía de celebrar misa, era conocido por su mediación entre comunidades en conflicto y por su oposición pública a los grupos armados que operaban en la zona. Su asesinato fue la demostración más reciente de que la autoridad moral independiente tiene un coste en México que el Estado no está en condiciones de garantizar.
La impunidad como parte del sistema
El factor que convierte la violencia contra el clero en un problema estructural y no en una serie de incidentes aislados es la impunidad casi total con que se cometen estos crímenes. La tasa de resolución judicial de los asesinatos de sacerdotes en México es consistentemente baja, en línea con la tasa general de impunidad del sistema judicial mexicano, que según diversas estimaciones ronda el 90% para los homicidios en general.
Esa impunidad no es solo una falla del sistema: es parte del sistema. En los territorios donde los cárteles tienen influencia sobre las autoridades locales, la investigación de un asesinato que ellos han ordenado produce resultados predecibles. Los testigos no hablan. Los funcionarios no investigan. Y el caso queda archivado con el asesino libre y con el mensaje perfectamente recibido por el resto de la comunidad.
El padre Javier Campos Morales y el padre Joaquín César Mora Salazar, jesuitas asesinados en Chihuahua en 2022 junto al guía turístico que los acompañaba, son el caso que más atención internacional generó en los últimos años. Fueron ejecutados en la propia iglesia de Cerocahui, en plena Sierra Tarahumara, por un líder criminal al que uno de los sacerdotes había intentado proteger de la turba que lo perseguía. La respuesta del Estado fue condenatoria en el discurso y limitada en los hechos.
El Estado que no llega y los cárteles que sí están
El problema de fondo no es únicamente la violencia directa contra el clero. Es la incapacidad estructural del Estado mexicano para garantizar presencia sostenida, investigación efectiva y protección real en los territorios de alta conflictividad donde esa violencia ocurre.
En muchas zonas rurales de Guerrero, Michoacán o Chihuahua, el Estado llega, cuando llega, de forma intermitente y con autoridad limitada. Los cárteles están siempre. Controlan los accesos, regulan el comercio, resuelven conflictos entre vecinos, financian festividades locales y, cuando lo consideran necesario, ejecutan a quienes desafían su autoridad. Es un modelo de gobernanza criminal que lleva décadas desarrollándose y que la política de seguridad mexicana no ha conseguido revertir con ninguna de sus estrategias, ni la militarización de Calderón ni los pactos implícitos de López Obrador ni la continuidad bajo Claudia Sheinbaum.
En ese contexto, el sacerdote que permanece en su parroquia rural cuando todos los demás con opciones se han ido representa algo que el crimen organizado no puede tolerar fácilmente: la demostración de que existe una fuente de autoridad y legitimidad que no depende de él. Esa demostración, cuando es suficientemente visible, tiene un coste.
Lo que la Iglesia hace y lo que el Estado no hace
La respuesta de la Iglesia Católica mexicana a la violencia contra sus sacerdotes ha combinado la denuncia pública con la adaptación práctica a una realidad que no muestra señales de mejorar a corto plazo. Algunos obispos han adoptado una postura de confrontación directa con los cárteles, denunciando sus crímenes desde el púlpito con el riesgo que eso conlleva. Otros han optado por una presencia más discreta que permita mantener la actividad pastoral sin convertirse en objetivo.
El Vaticano ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la situación del clero mexicano. El papa Francisco, que conoce bien la realidad latinoamericana, ha mencionado específicamente a México en varios contextos al hablar de la violencia contra los agentes pastorales.
Lo que no ha ocurrido, y cuya ausencia es el dato más revelador, es una respuesta del Estado mexicano que haya producido una mejora verificable en la seguridad del clero. Las promesas de investigación efectiva después de cada asesinato sonado han producido resultados que no se sostienen ante el escrutinio. Y el ciclo se repite: asesinato, condena verbal, impunidad, siguiente asesinato.
Mientras ese ciclo no se rompa, los sacerdotes que eligen quedarse en las zonas más peligrosas de México están tomando una decisión que sus predecesores de la Guerra Cristera también tomaron, aunque por razones y ante persecutores completamente diferentes.
La valentía es la misma. La soledad también.