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La reciente aprobación del nuevo Real Decreto por parte del Consejo de Ministros ha provocado una auténtica revolución en el panorama universitario español.
En los últimos veinticinco años, se han establecido 26 universidades privadas, mientras que no se ha inaugurado ninguna pública en ese lapso, algo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades califica como “sin precedentes en la historia de la educación en España”.
Este cambio normativo tiene como objetivo “reforzar los mecanismos de control y supervisión” ante el auge de centros privados que, en numerosas ocasiones, no cumplen con los estándares básicos de calidad en enseñanza e investigación.
El Gobierno, al mando de Pedro Sánchez, ha decidido intervenir para evitar que el modelo universitario del país se vea perjudicado por la apertura desmedida de lo que algunos ya llaman universidades chiringuito, comparándolas con “máquinas expendedoras de títulos”.
La ministra Diana Morant ha enfatizado que esta medida es “de absoluta necesidad” para salvaguardar a los estudiantes ante posibles riesgos derivados de la creación de universidades sin la capacidad real para ofrecer formación de calidad, así como el peligro del cierre por falta de solvencia económica.
Filtros de calidad estrictos y nuevas exigencias
Las novedades introducidas por el Real Decreto impactan tanto a quienes desean abrir nuevos campus como a aquellos ya existentes. Entre los aspectos más relevantes se encuentran:
- Volumen mínimo de estudiantes: Cada nuevo campus deberá alcanzar al menos 4.500 alumnos en un plazo máximo de seis años desde su apertura. Si no se logra este objetivo, la autorización puede ser revocada. Sin embargo, la última versión del texto ha reducido el porcentaje requerido al 70% y ofrece tres años adicionales para regularizar la situación mediante un plan de desarrollo.
- Control sobre la calidad académica y la investigación: Las agencias evaluadoras, como la ANECA y las autonómicas, jugarán un papel central como filtro inicial para asegurar que los proyectos cumplan con los criterios académicos, del profesorado, instalaciones y perspectivas científicas.
- Residencia del profesorado en universidades online: Un mínimo del 75% del profesorado en centros virtuales deberá residir en España o en algún país de la Unión Europea, una exigencia que ha suscitado debate dentro del sector.
- Declaración de promotores: Los responsables detrás de los proyectos tendrán que declarar si son fondos de inversión o multinacionales y demostrar experiencia en gestión educativa. No obstante, se ha flexibilizado este requisito: ahora basta con que el equipo directivo posea dicha experiencia, sin necesidad de que la entidad promotora cuente con ella.
- Control estatal sobre universidades online: Las nuevas universidades virtuales dependerán directamente del Estado y no de las comunidades autónomas, salvo excepciones relacionadas con financiación pública o enseñanza en lenguas cooficiales, lo cual beneficia a territorios como el País Vasco o Cataluña.
El impacto en el sector y las reacciones
Este endurecimiento en las condiciones ha generado controversia. Según técnicos del Ministerio, un tercio de las universidades privadas actuales podría no cumplir con el mínimo exigido de estudiantes, lo que pondría en riesgo a cerca de 30.000 alumnos. Los responsables de centros privados critican lo que denominan “censura del Gobierno Frankenstein”, mientras que sectores dentro del Ejecutivo y comunidades autónomas han expresado sus reservas, especialmente desde los ministerios de Economía, Trabajo y la CNMC, quienes advierten sobre posibles limitaciones a la competencia.
Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su objetivo es “proteger la calidad del sistema” y prevenir situaciones similares a las vividas en otros países europeos donde instituciones privadas sin control terminaron cerrando y dejando a miles de estudiantes desamparados. Las universidades públicas, según fuentes ministeriales, cumplirían sin dificultad con las nuevas exigencias.
El debate sobre la universidad española: calidad versus expansión
La decisión de endurecer los requisitos llega tras años marcados por un crecimiento acelerado del sector privado, que ha triplicado su número desde 1998. Este fenómeno ha ido acompañado por una oferta docente considerable pero cuya calidad es cuestionable; además se observa escasa actividad científica según datos oficiales. Mientras tanto, las universidades públicas sufren por falta de financiación e insuficiencia en plazas disponibles, lo cual agrava aún más la brecha entre ambos modelos.
El nuevo marco regulatorio también introduce cambios respecto a la movilidad entre campus: si una universidad privada desea abrir centros adscritos en otra comunidad autónoma necesitará contar con validación por parte de ambos gobiernos, reforzando así el control territorial.
Por otro lado, los títulos universitarios deberán especificar cómo se impartió cada grado o máster (presencial, híbrido o virtual), buscando así aportar mayor transparencia al sistema educativo.
Un futuro universitario en revisión
La entrada en vigor del Real Decreto abre una nueva etapa. Las universidades privadas dispondrán de tres meses para presentar planes de desarrollo si no cumplen alguna condición y hasta tres años para corregir las deficiencias detectadas. El papel crucial será desempeñado por las agencias dedicadas a garantizar calidad educativa y por la Conferencia General de Política Universitaria, elementos clave para recuperar la confianza ciudadana hacia el sistema universitario español y mantener su prestigio internacional.
La regulación ha suavizado ciertos aspectos tras recibir críticas; sin embargo, mantiene firmes aquellos puntos más controvertidos. Esto parece destinado a cambiar el rumbo hacia donde avanza la educación superior en España. Esta medida no solo detiene una expansión “sin precedentes” entre los campus privados; también abre un debate esencial sobre cómo equilibrar calidad, acceso y pluralidad dentro del sistema universitario.
La universidad española se encuentra ahora ante un desafío significativo: reinventarse manteniendo siempre presente su compromiso social y su búsqueda constante por la excelencia.