Pilar Alegría ‘pinchó’ los planes de Carles Puigdemont en directo.
Durante una entrevista en Antena 3, la ministra portavoz del Gobierno, ha señalado que es «imposible» sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña como ha planteado Junts.
Después de que el PSOE haya alcanzado un pacto con el partido independentista para facilitar el retorno a Cataluña de empresas que se marcharon durante el proceso independentista, la portavoz del Gobierno ha afirmado que el acuerdo no contempla «ningún tipo de sanción, porque, entre otras cosas, es imposible».
En España, existe libertad de mercado y «cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más», declaró la ministra socialista en una entrevista en Antena 3. A pesar de esto, la portavoz defiende que los gobiernos, dentro de sus competencias, pueden legislar o proponer medidas para evitar ciertas prácticas fiscales, siempre respetando la libertad de mercado de cada empresa para elegir su ubicación.
«Me parece lógico que una empresa, donde tiene su domicilio social, elija ese lugar para instalarse, pagar impuestos y llevar a cabo toda su actividad», argumentó, subrayando la importancia de garantizar la seguridad jurídica. En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el acuerdo con Junts para modificar la Ley de Sociedades de Capital busca «reforzar la legalidad vigente» y prevenir prácticas de ingeniería fiscal.
Carles Puigdemont
9.000 empresas
Junts quiere emprender una ‘cacería’ contra las empresas que huyeron de Cataluña tras el 1-O.
Cerca de 9.000 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones desde el referéndum por la independencia del 1-O, y ahora enfrentan la amenaza de sanciones si no deciden regresar. Este es el precio que Junts per Catalunya, la formación liderada por Carles Puigdemont, exige a cambio de su respaldo a los tres decretos-leyes que el Gobierno pretende aprobar este miércoles en el Congreso.
Solo en el cuarto trimestre de 2017, 2.536 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña, mientras que 548 se instalaron en la región, resultando en un saldo negativo de casi 2.000 sociedades, según datos del Colegio de Registradores. La mayoría de estas empresas (1.457) eligieron Madrid como destino, aunque se distribuyeron por toda España (279 en la Comunidad Valenciana, 194 en Aragón, 165 en Andalucía y 134 en Baleares).
Entre las salidas más destacadas se encuentran las de Caixabank, Fundación La Caixa, Banco Sabadell, y Naturgy, que trasladaron sus sedes a Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Madrid, respectivamente. También se registraron traslados notables de empresas como Abertis, SegurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa y Grupo Planeta, así como de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa y Zurich.
En total, durante los seis años, 8.934 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras comunidades autónomas, siendo Madrid el destino elegido por la mitad de ellas (4.439). Le siguen la Comunidad Valenciana con 1.048 y Aragón con 600. Cataluña también recibe empresas de otras regiones, pero desde el 1-O, las que salen superan a las que llegan. En el último trimestre de 2023, se fueron 181 empresas, mientras que llegaron 154, generando un saldo negativo de 27 empresas. En el segundo trimestre se perdieron 63 sociedades.