La propuesta de la autobaja de tres días, presentada por el Ministerio de Sanidad como una medida para aliviar a los médicos de familia ante el aumento de casos por virus respiratorios y la saturación de los centros sanitarios, ha generado controversia en el ámbito laboral y sindical. Según juristas consultados por El Economista y sindicatos, la medida carece de encaje en la actual normativa laboral y requeriría una reforma legal, además de modificaciones en los convenios de las compañías.
En la actualidad, si un trabajador necesita una baja laboral debido a enfermedad o accidente laboral, los tres primeros días no se abona ninguna cantidad económica ni por parte de la empresa ni por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, algunos convenios de empresas ofrecen ciertos beneficios durante este periodo. A partir del cuarto día hasta el día 15, la empresa debe abonar al trabajador el 60% de su base de cotización, y a partir del día 16 hasta el 20, la Seguridad Social asume este porcentaje. A partir del día 21, el porcentaje aumenta al 75%.
La propuesta de la autobaja plantea dudas sobre si las empresas seguirán pagando durante estos tres días sin una baja laboral emitida por un profesional sanitario. El no presentar este documento actualmente puede ser motivo de despido.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su preocupación por la propuesta y la ha definido como una iniciativa «a golpe de titular», enfatizando el derecho de las empresas a contar con un control.
La propuesta aún se encuentra en una fase inicial y requiere el consenso de las autonomías, así como el apoyo de los Ministerios de Seguridad Social y Trabajo. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales reprochan a Sanidad la falta de consulta previa con los agentes sociales.
A nivel económico, se estima que la autobaja sin justificante podría tener un coste de 2.274 euros por trabajador durante las 72 horas que el empleado estaría en autobaja, considerando las cotizaciones a la Seguridad Social y la ausencia de productividad generada durante ese período.
A pesar de las críticas desde algunos sectores, los profesionales sanitarios, representados por sindicatos como Amyts y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ven con buenos ojos la propuesta, argumentando que reduciría un 20% las consultas en Atención Primaria.
Mónica García
La vuelta de la mascarilla
Además de la propuesta de la baja laboral sin justificante, otra medida que ha generado atención en la sociedad es la vuelta de la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. La ministra de Sanidad convocó a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas para discutir esta medida, pero se encontró con la resistencia de la mayoría de las regiones, que no estaban dispuestas a pasar de la recomendación a la obligación.
Solo las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y las Islas Canarias expresaron su disposición a hacer obligatorio el uso de mascarillas en estos lugares. Ante la oposición de las demás regiones, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido recurrir a la declaración de actuaciones coordinadas para imponer la obligatoriedad de las mascarillas, una medida que no ha sido bien recibida por todas las comunidades autónomas. Esta decisión se ha tomado en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.