Junts quiere emprender una ‘cacería’ contra las empresas que huyeron de Cataluña tras el 1-O.
Cerca de 9.000 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones desde el referéndum por la independencia del 1-O, y ahora enfrentan la amenaza de sanciones si no deciden regresar. Este es el precio que Junts per Catalunya, la formación liderada por Carles Puigdemont, exige a cambio de su respaldo a los tres decretos-leyes que el Gobierno pretende aprobar este miércoles en el Congreso.
Solo en el cuarto trimestre de 2017, 2.536 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña, mientras que 548 se instalaron en la región, resultando en un saldo negativo de casi 2.000 sociedades, según datos del Colegio de Registradores. La mayoría de estas empresas (1.457) eligieron Madrid como destino, aunque se distribuyeron por toda España (279 en la Comunidad Valenciana, 194 en Aragón, 165 en Andalucía y 134 en Baleares).
Entre las salidas más destacadas se encuentran las de Caixabank, Fundación La Caixa, Banco Sabadell, y Naturgy, que trasladaron sus sedes a Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Madrid, respectivamente. También se registraron traslados notables de empresas como Abertis, SegurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa y Grupo Planeta, así como de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa y Zurich.
En total, durante los seis años, 8.934 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras comunidades autónomas, siendo Madrid el destino elegido por la mitad de ellas (4.439). Le siguen la Comunidad Valenciana con 1.048 y Aragón con 600. Cataluña también recibe empresas de otras regiones, pero desde el 1-O, las que salen superan a las que llegan. En el último trimestre de 2023, se fueron 181 empresas, mientras que llegaron 154, generando un saldo negativo de 27 empresas. En el segundo trimestre se perdieron 63 sociedades.
Entre el último trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2023, han abandonado Cataluña 9.834 empresas, comparadas con las 3.965 que se han establecido, resultando en una pérdida neta de 4.969 compañías. No obstante, las estadísticas del Colegio de Registradores no revelan cuántas de estas empresas han regresado a Cataluña.
Dudas legales
JxCat busca reformar la ley de Sociedades de Capital para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que mantuvieron su sede en Cataluña en 2017 y a aquellas que decidan regresar, mientras impone multas a las que no lo hagan y tengan su centro operativo en Cataluña. Esta iniciativa surge del acuerdo de investidura, donde el Gobierno se comprometió a facilitar el retorno de las empresas.
El PSOE, manteniendo la postura de «facilitar» el retorno, guardó silencio sobre las posibles sanciones. Sin embargo, fuentes legales señalan que, de llevarse a cabo, esta medida podría carecer de recorrido, ya que violaría la normativa europea y nacional, provocando posiblemente recursos legales por parte de las empresas afectadas.
Diego Gutiérrez Medina, socio de RSGM Abogados, advierte que la propuesta de sancionar a empresas que no retornen su sede a Cataluña atenta contra la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, principios fundamentales de la Unión Europea.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, junto con la Ley de Sociedades de Capital, respalda el principio de la libertad de elección del domicilio social por parte de la empresa, correspondiendo esta decisión a su Junta General de Accionistas.
Además, se destaca que el decreto ley de 2017 facilitó el cambio de domicilio permitiendo que la decisión la tomara el Consejo de Administración en lugar de la Junta de Accionistas. Revertir esta medida implicaría que la decisión correspondería nuevamente a la Junta de Accionistas, pero no garantizaría que las empresas regresen a sus antiguos domicilios sociales.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, considera que multar a las empresas por no regresar a Cataluña equivale a «comunismo». Además, se advierte que esta medida podría tener consecuencias económicas en el medio plazo para Cataluña, ya que las barreras de salida de las empresas funcionan como barreras de entrada, disuadiendo la localización de nuevas empresas en la jurisdicción que las impone.