Desesperación en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Hacienda está en negociaciones con Junts para ceder a Cataluña la gestión de los impuestos sobre banca y energéticas a cambio del respaldo de los representantes de Carles Puigdemont a tres Reales Decretos-leyes que el Gobierno busca convalidar en el Pleno del Congreso.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este lunes en TVE que están explorando otras cuestiones de interés para Junts en un intento por llegar a un acuerdo. Montero descartó retirar del primer Decreto, que aborda medidas de Justicia, una reforma que permitiría postergar la amnistía dos años, alegando que es una medida de trasposición del Derecho de la UE.
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, reiteró el lunes que no respaldarán las medidas, argumentando que ponen en riesgo la aplicación de la ley de amnistía, empeoran la infrafinanciación de Cataluña y centralizan competencias de la Generalitat.
La amenaza de Junts parece seria, ya que, según Vozpópuli, para diferenciarse de ERC, la única opción viable es rechazar o forzar la retirada de los Decretos, ya que cualquier medida que obtengan del Gobierno podría ser utilizada por ERC desde la Generalitat.
Aunque todavía hay margen para la convalidación dentro del periodo hábil de un mes desde la aprobación por el Consejo de Ministros, el Gobierno enfrenta dificultades para que la Junta de portavoces apruebe llevar los Decretos a otro Pleno. La única alternativa sería retirarlos o someterlos a votación este miércoles.
Hacienda busca salvar los Decretos en el último minuto y ha incluido en el Real Decreto-ley de ayudas una retirada gradual de las reducciones de impuestos a electricidad y gas, así como la cesión de los impuestos sobre banca y energéticas a País Vasco y Navarra.
Las Haciendas forales ya reciben una compensación por la gestión de estos impuestos, y ahora el PNV ha logrado la cesión de los mismos. Anteriormente, Cataluña había demandado una compensación por estos impuestos, una solicitud que fue expresada públicamente por ERC en el Congreso cuando Junts aún estaba en el Gobierno catalán y gestionaba la Conselleria de Hacienda.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido el riesgo de que la disputa entre Junts y ERC dificulte las negociaciones. Montero señaló que todos los partidos políticos, especialmente en el contexto actual del Congreso, buscan visibilidad y hacen valer sus votos y su identidad. Destacó que Junts per Catalunya ha buscado marcar diferencias con otros grupos políticos, particularmente con aquellos que compiten por el gobierno en su territorio.
Mientras ERC aboga por vincular las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado con las de Cataluña, Junts no ve con buenos ojos que las cuentas de su rival salgan adelante. La Generalitat no solo ha solicitado una compensación por los impuestos a la banca y a las energéticas, sino también su cesión, al menos parcialmente. Esta cesión podría allanar el camino para la gestión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, un compromiso que el PSOE ha acordado negociar con Junts. Pere Aragonès logró que Pedro Sánchez accediera, el pasado 21 de diciembre, a discutir el desarrollo de una Agencia Tributaria catalana basada en las aspiraciones del Estatut que buscan los independentistas. Aunque Junts y ERC comparten este objetivo, buscarán capitalizar sus logros de manera separada.