El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su sablazo fiscal a toda la sociedad española y, en concreto, a los empresarios.
La primera factura de la luz de enero reserva sorpresas en la sección de impuestos. Aunque el IVA se mantiene reducido, se incrementa al 10% en la factura, y algunas tasas previamente olvidadas regresan en 2024 para elevar la tarifa. Un ejemplo de ello es el impuesto sobre el valor de la producción de electricidad, también conocido como impuesto a la generación, que carga con un 7% la tarifa. Esta tasa fue eliminada en junio de 2021 para contrarrestar el aumento de los precios de la electricidad, pero el Gobierno considera su reintroducción debido a la «normalización» del mercado.
El Gobierno explica que la reducción considerable en el precio de la electricidad en los últimos meses indica una normalización en el mercado eléctrico. Por lo tanto, considera necesario atenuar la medida excepcional adoptada en junio de 2021 en relación con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Sin embargo, a finales de 2023, el precio del mercado mayorista es un 15% más alto que en junio de 2021, lo que se reflejará en la factura. Las estimaciones del sector eléctrico indican que este impuesto a la generación implica un aumento anual del 4,2% en la factura para un consumidor doméstico medio acogido a la tarifa regulada del Gobierno, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
En el caso de los consumidores industriales, el impacto es aún mayor. Las facturas de pequeñas y medianas empresas (pymes) aumentan un 5,2%, lo que en términos medios supone 3.100 euros al año, y hasta un 6,4% para un gran consumidor electrointensivo, lo que representaría un incremento medio de 100.000 euros al año en cada factura.
Estos incrementos son considerados por empresas y grandes consumidores eléctricos como un «lastre» para la competitividad de la industria española frente a sus competidores europeos. Se estima que los grandes consumidores conectados en alta tensión pagarían unos 586 millones de euros adicionales al año en sus facturas, de los cuales 100 millones de euros corresponderían a los muy grandes consumidores conectados en «muy alta tensión».
Precio de la luz
Un impuesto que golpea a los consumidores
Este impuesto gravará las actividades de producción e incorporación de energía al sistema eléctrico, estableciendo un tipo impositivo del 7% sobre el importe total correspondiente a la generación e incorporación de energía al sistema eléctrico. Es importante destacar que este impuesto recae en los productores de electricidad y no en los consumidores, aunque estos últimos suelen absorber el impacto fiscal al reflejarse en sus facturas. Los productores incluyen este coste en sus ofertas de venta, y el impuesto se traslada al consumidor final, afectando el precio que paga por la electricidad.
Esta dinámica ha llevado a que los productores de electricidad en España expresen su preocupación, argumentando que este impuesto eleva el precio en comparación con otras regiones de Europa. Además, se critica por considerarse un impuesto que va en contra de la transición energética, ya que grava por igual a toda la electricidad, sin distinguir si proviene de fuentes renovables o de combustibles fósiles contaminantes.
Miedo a los castigos del Gobierno
Este efecto también impulsa el aumento de contratos de energía a largo plazo en España, conocidos como PPAs (Power Purchase Agreements), ya que estos contratos incluyen la posibilidad de trasladar el impacto de este impuesto en caso de su aplicación.
Desde el sector, se destaca que los PPAs son herramientas clave para la promoción futura de instalaciones renovables o el desarrollo de nuevas oportunidades económicas, como los Centros de Proceso de Datos que buscan establecerse en España debido a su competitividad en los precios de la energía. La reintroducción de este impuesto se percibe como una amenaza para los futuros empleos asociados a nuevos proyectos industriales en España.
Es importante señalar que el Gobierno decide recuperar este impuesto a pesar de la postura de la Comisión Europea, que aboga por poner fin a las medidas intervencionistas en el sector energético para restaurar el funcionamiento normal de los mercados y recuperar la confianza de los inversores en Europa. Mientras tanto, países como Francia y Alemania exploran formas de reducir la factura eléctrica de sus empresas, una carga que será evidente en la primera factura del año.