Telefónica asumirá el coste del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 3.421 empleados en un solo ejercicio fiscal, según adelanta ‘The Objective’. La operadora tendrá que afrontar un gasto en indemnizaciones y planes sociales cercano a los 2.000 millones de euros los que se provisionarán previsiblemente en las cuentas del cuatro trimestre de este año o como tarde a primeros de 2024.
Finalmente, se ha llegado a un acuerdo para que la implementación del Expediente de Regulación de Empleo se realice en un solo ejercicio fiscal. La mayoría de las salidas previstas deberán concretarse en el próximo trimestre, permitiéndose solo excepciones justificadas hasta marzo de 2025. Este acuerdo ha alterado los planes iniciales de la operadora, que, hace un mes, contemplaba distribuir las salidas en tres ejercicios para mitigar el impacto fiscal en sus estados financieros.
Telefónica ha alcanzado un preacuerdo con sus dos principales sindicatos, en el cual se han acordado aproximadamente 3.500 despidos con condiciones de salida prácticamente idénticas al último Plan de Suspensión de Empleo (PSI). Las indemnizaciones, con un tope del 68% del salario, y las garantías sociales, que incluyen el pago de la Seguridad Social, seguro colectivo y seguro médico, conllevarán un coste proporcional muy similar al registrado en 2021, según fuentes consultadas.
Telefónica
Impacto contable
En diciembre de 2021, la empresa anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que reservaba 1.500 millones de euros en el cuarto trimestre de ese año para financiar la salida de 2.700 empleados. Sin embargo, las salidas finalmente fueron un poco más de 2.400, lo que redujo el coste final a aproximadamente 1.400 millones de euros.
Según el citado medio, el coste proporcional del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se estima en alrededor de 2.000 millones de euros, una cifra que coincide con las estimaciones de la consultora GVC Gaesco, que habla de una horquilla entre los 1.600 y los 2.000 millones. Estas estimaciones se basan en la suposición de que el coste por despido en este expediente será similar al del último Plan de Suspensión de Empleo (PSI) de 2021.
Independientemente, la provisión para este ERE se llevará a cabo en su totalidad en un solo ejercicio, posiblemente en el cuarto trimestre de este año, siguiendo el mismo enfoque que se adoptó en el anterior PSI. Desde el punto de vista contable, el costo de este tipo de procesos suele registrarse en el mismo momento en que se firma el acuerdo, aunque las salidas se materialicen durante el primer trimestre del año siguiente, con el objetivo de asumir lo antes posible el impacto en sus estados financieros.
Resultados de Telefónica
Durante el último trimestre de 2021, Telefónica experimentó una pérdida de 1.198 millones de euros, reflejando impactos netos extraordinarios negativos por 1.500 millones. Excluyendo el costo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), es probable que la compañía hubiera obtenido ganancias en este período, estimadas en alrededor de 300 millones de euros. Al proyectar este mismo escenario para 2023, la inclusión del impacto total de 2.000 millones probablemente resultaría en pérdidas durante el último trimestre de este año.
En el tercer trimestre de 2023, la operadora registró un beneficio neto de 502 millones, alcanzando los 1.262 millones en los primeros nueve meses del año. Dependiendo del impacto en los resultados anuales, la empresa podría considerar trasladar la provisión del ERE a 2024, específicamente al primer trimestre, lo que aseguraría mantener el beneficio este año y le proporcionaría nueve meses para corregir el rumbo en el próximo ejercicio.
Coste fiscal del ERE
Dado que el costo de implementar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y un Plan de Suspensión de Empleo (PSI) es similar para Telefónica, ‘The Objective’ precisa que se ha optado por el ERE debido a su menor impacto fiscal para los afectados y para brindar a la compañía la opción de realizar despidos forzosos en caso de que no se cumplieran las previsiones de salidas durante el período de adscripción voluntario.
En el caso de los trabajadores, los primeros 180.000 euros que reciban del ERE estarían exentos de impuestos, ya que se tramitan como indemnización, una situación que no ocurría con el PSI. Por otro lado, aunque las fuentes sindicales consultadas indican que las condiciones favorables aprobadas por la empresa sugieren que las 3.421 salidas se cubrirán casi en su totalidad durante el período de adscripción voluntaria, Telefónica tendrá la opción de llevar a cabo despidos forzosos. Sin embargo, es probable que el margen para realizar despidos forzosos sea mínimo debido a las condiciones beneficiosas establecidas por la empresa.