El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Pere Aragonès una Agencia Tributaria catalana independiente a cambio de que no haya referéndum. Esta oferta de trocear la Agencia Tributaria (AEAT) la ha avanzado el propio Sánchez, sobre una negociación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viene negando, y que el pacto de investidura entre PSOE y Junts ya recoge que se va a producir, para desarrollar un Cupo en el que se les cederá el 100% de impuestos recaudados en Cataluña.
La Generalitat está trabajando en su Agencia Tributaria catalana independiente en base a un desarrollo del Estatut, según desveló Vozpópuli, para la que negocia el traspaso de 300 inspectores de Hacienda. Con el fin de asumir el 100% de impuestos pacta un «consorcio», un traspaso de los medios humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, con cerca de 4.000 empleados.
«El Estatut de Autonomía recoge la opción del desarrollo de la Agencia Tributaria [catalana]. Estamos dispuestos a trabajar en ello», ha manifestado Sánchez antes de reunirse con el president en el Palau de la Generalitat.
La Generalitat se enfrenta al desafío de desarrollar un plan tributario sin contar con los recursos humanos, técnicos ni acceso a datos de contribuyentes. Para abordar esta situación, están trabajando en dos vías: atraer inspectores de Aragón y recuperar un programa de formación y becas en colaboración con La Caixa.
En el pasado, durante el desafío del 1-O en 2017, el Govern intentó reclutar inspectores del Estado para la Agencia Tributaria de Cataluña como parte de un plan para independizar el organismo, pero esta propuesta fue inviable y fue derrocada por el artículo 155. La estrategia actual de la Generalitat implica un traspaso o fusión, donde la Agencia Tributaria de Cataluña asumiría los recursos humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, que consta de alrededor de 300 inspectores y unos 4.000 empleados. Inicialmente, se crearía un «consorcio» antes de buscar su independencia.
El principal desafío radica en los recursos humanos, ya que la mayoría de los inspectores y funcionarios en Cataluña son de otras comunidades y se encuentran de paso. La Generalitat está considerando atraer inspectores de Aragón, donde hay más opositores, para mitigar esta carencia. Además, se está explorando la posibilidad de recuperar un programa de formación y becas en colaboración con La Caixa, similar a la iniciativa que se implementó a finales de los años 80 y que decayó debido a desacuerdos entre la entidad y el Fisco por el caso de las primas únicas.
Pere Aragonés
Un recorte de 19.000 millones
En paralelo, Marta Espasa, secretaria de Hacienda de Cataluña, está elaborando un informe sobre la financiación singular que se busca para Cataluña, con la intención de revisarlo a principios de enero. La consellera Natàlia Mas anticipó que «la solidaridad puede situarse entre el 2 y el 4% del PIB, no en el 10% actual», lo que, según los cálculos de la Generalitat, podría representar un recorte de cerca de 19.000 millones en las aportaciones de Cataluña.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, minimizó la singularidad que se está negociando con Cataluña y señaló que «todo es singular», ya que la situación de cada comunidad lo es. Fuentes cercanas a la Generalitat consideran que no se puede comparar el conflicto en Cataluña con el de otras regiones como La Rioja.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en diciembre que en enero se iniciarían reuniones «bilateralmente» con las comunidades para explicar la condonación de la deuda de 15.000 millones a Cataluña acordada entre el PSOE y ERC, ofreciendo la posibilidad de acogerse a un mecanismo proporcional. Sánchez describió esta negociación como «multilateral».
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reconoce que el origen de este proyecto está en el Estatuto de Cataluña de 2006, que abre la puerta a esta iniciativa, no solo en su versión inicial del Parlamento catalán más extrema, sino también en la versión aprobada por el Parlamento español y en el texto final tras la sentencia del Tribunal Constitucional.