Pedro Sánchez extiende sus garras en el control de las empresas españolas.
La entrada de la SEPI en Telefónica con una participación de hasta un 10% permitirá al Gobierno del PSOE-Sumar un control de la operadora mayor del esperado. «Estoy totalmente concentrada en culminar los dos o tres grandes proyectos que quiero dejar cerrados antes de irme al Banco Europeo de Inversiones (BEI)», dijo Nadia Calviño en su última entrevista en Antena 3.
Ahora, el penúltimo Consejo de Ministros del año ha aprobado la compra de hasta el 10% de las acciones de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que se ha comunicado a la CNMV cuando Calviño abandonaba el Senado tras su última sesión de control.
Con el desembarco del Estado en Telefónica culmina un movimiento que empezó STC Group en la antesala de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y sobre el que Pedro Sánchez ha ordenado a Calviño mover ficha justo antes de su salida al BEI.
La irrupción de Arabia Saudí, de momento sólo del 4,9%, ampara en el relato del Gobierno el aterrizaje del Estado, de hasta un 10%, montante que ha alarmado al mercado, según Vozpópuli.
El comunicado presentado a la CNMV plantea un proceso gradual de adquisición, y el anuncio ha generado un aumento inmediato del valor de las acciones de Telefónica en la Bolsa de Nueva York (NYSE) de casi un 4%.
La comunicación de la SEPI a la CNMV, en la que informa que el Consejo de Ministros le ha «ordenado llevar a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica y que procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso», ha vuelto a sorprender dentro de la sociedad estatal controlada por Hacienda.
Este episodio ya había ocurrido el 31 de octubre, cuando la SEPI comunicó a la CNMV que se estaba llevando a cabo un «análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial» en Telefónica. Hasta la fecha, la SEPI no ha participado en la planificación de la operación, atribuyendo directamente esta iniciativa a Nadia Calviño.
Fuentes internas no ven un sentido económico claro en una operación de aproximadamente 2.500 millones de euros, a diferencia de lo que sucedió con Indra. Sugieren que la intención del Gobierno podría ser ejercer influencia en Telefónica, bajo el pretexto de reaccionar ante las acciones de Arabia Saudí.
Aunque la SEPI tendrá un peso en Telefónica menor en comparación con el que tiene en Indra, será similar al que le permite controlar empresas público-privadas, como Enagás. La operación parece reflejar una estrategia gubernamental para influir en la gestión de Telefónica y proteger sus intereses estratégicos.
Telefónica
Control desde Ferraz
En principio, con el 10% de las acciones, se le otorgará la capacidad de proponer el nombramiento de un consejero, de acuerdo con la reciente reestructuración del Consejo de Administración de la compañía. Este nuevo consejero se unirá a Javier de Paz, cercano a los intereses del Gobierno.
El exsecretario general de las Juventudes Socialistas, con amistad personal con José Luis Rodríguez Zapatero, tiene representación en la Comisión Ejecutiva y en la de Nombramientos del Consejo de Telefónica. Además, preside la comisión encargada de las relaciones institucionales y de los asuntos de regulación.
Fuentes del grupo destacan a este consejero como uno de los vínculos más directos entre Ferraz, Moncloa y Telefónica, que es uno de los grandes contratistas del Estado. Se prevé que su posición sea crucial en el futuro de la compañía, especialmente después de la confirmación de la entrada de la SEPI.
El Estado había vendido su participación en Telefónica en 1997, abandonando la compañía durante el proceso de liberalización del sector público nacionalizado. La entrada de la SEPI marca un retorno del Estado como accionista importante en la empresa de telecomunicaciones.
La incertidumbre se centra en si la SEPI mantendrá el statu quo del grupo, donde CaixaBank y BBVA han tenido una influencia manifiesta, o si adoptará una posición más beligerante, similar a la que tomó en el control del Consejo de Indra en 2022.
La financiación de esta operación por parte de la SEPI aún está en duda, dado que el 10% de Telefónica está valorado en 2.500 millones de euros, aproximadamente la mitad de la facturación anual del consorcio estatal de empresas.
La forma en que se comunicó la compra, sin revelar el precio ni la estrategia, ha sido criticada en el mercado como una «chapuza inaudita» que encarecerá la operación. Este enfoque difiere del de Arabia Saudí, que compró discretamente para minimizar costos.
La entrada del STC Group en Telefónica fue comunicada a la CNMV el 5 de septiembre, y el Gobierno expresó su sorpresa ante la noticia. El grupo que controla el fondo soberano saudí informó de la compra del 9,9%, aunque en realidad se trata de una participación del 4,9%, con opciones de compra sobre otro 5%, adquiridas por Morgan Stanley. El 4,9% ya efectivo no requiere la aprobación del Gobierno, a pesar de su relevancia estratégica y su relación con la defensa nacional y la seguridad pública.