La Generalitat avanza en la creación de su propia agencia tributaria independiente.
El independentismo negocia el traspaso de la Delegación de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) en Cataluña para gestionar el 100% de impuestos que se recaudan en la comunidad. Esta cesión de todos los impuestos es el objetivo que Junts ha plasmado en su pacto con el PSOE, compartido con ERC, que implica la creación de una Agencia Tributaria Catalana Independiente. El problema al que se enfrenta la Generalitat es que no tiene medios humanos ni técnicos ni el acceso a datos de contribuyentes para desarrollar un plan que además provoca gran contestación y alarma entre inspectores de Hacienda del Estado y en distintos sectores.
Durante el desafío del 1-O de 2017, el Gobierno catalán intentó reclutar inspectores estatales para unirse a la Agencia Tributaria de Cataluña, una entidad constitucional encargada de gestionar los impuestos cedidos de Patrimonio, Sucesiones e ITP. Este intento, que buscaba independizar la agencia, resultó inviable y fue derrocado por la aplicación del artículo 155.
En la actualidad, la Generalitat busca concretar su plan mediante un traspaso o fusión, según indican fuentes informadas. Según explica el diario ‘Vozpópuli‘, la idea sería que la Agencia Tributaria de Cataluña asumiera los recursos humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, compuesta por cerca de 300 inspectores y alrededor de 4,000 empleados. Inicialmente, este ente no sería independiente, sino lo que llaman un «consorcio». Una vez que este consorcio funcione, se contempla su eventual independización.
La Agencia Tributaria de Cataluña, en la actualidad, cuenta con solo siete inspectores y 18 subinspectores de un total de 816 empleados. Sus dificultades para reclutar o atraer inspectores la han llevado a considerar una vía pragmática, como este traspaso, fusión o consorcio con la AEAT, para poder gestionar y recaudar todos los impuestos.
Cabe destacar que la creación de una Agencia catalana independiente, gestada sin la colaboración del Estado, habría supuesto un coste estimado entre 350 y 500 millones de euros, según informes de 2017 del Consejo de la Transición Nacional, los cuales fueron incorporados al proceso judicial que investigaba la organización del referéndum ilegal en el Juzgado número 13 de Barcelona. Sin embargo, el consorcio actualmente propuesto no tendría un costo inicial.
Agencia Tributaria
El Estatut, clave
Este plan se fundamenta en el Estatuto de Cataluña de 2006, que le brinda respaldo. No solo en su versión inicial, más radical, aprobada por el Parlamento de Cataluña, sino también en la versión aprobada por el Parlamento español y en el texto definitivo tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
La versión inicial aprobada por el Parlamento de Cataluña establecía que la Generalitat tenía responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos estatales aplicados en Cataluña, una propuesta que no prosperó. El texto definitivo, en concordancia con la Constitución, distingue tres bloques de tributos: los propios de las comunidades, los estatales cedidos totalmente (como Patrimonio y Sucesiones) y los estatales cedidos parcialmente (como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales), en los cuales el Estado cede a las CCAA un porcentaje. Además, incluye los tributos estatales no cedidos, como Sociedades, en los cuales las CCAA no participan.
En cuanto a las competencias de gestión, el Estatuto establece que corresponde a la Generalitat, a través de una Agencia Tributaria, la gestión de los tributos propios y de los tributos totalmente cedidos. Por otro lado, la gestión de los tributos cedidos parcialmente recae en el Estado, aunque se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y establecer colaboración, según lo requiera la naturaleza del tributo.
El artículo 204 del Estatut plantea que, para implementar esto, se creará en un plazo de dos años un Consorcio o entidad equivalente en el que participarán de manera equitativa la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. Este Consorcio podría transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña.