El Gobierno de Pedro Sánchez quiere aumentar la presión para que nadie se escape de su polémica ley de vivienda.
La normativa provocó la fuga de propietarios antes incluso de su entrada en vigor, pero ahora los expertos cifran entre el 15 y el 30% el número de inmuebles que han salido del mercado por un texto que el Gobierno se empeñó en aprobar pese a las advertencias del sector. La reducción de la oferta ha provocado un aumento de precios sin precedentes y muchos arrendadores buscan nuevas fórmulas para regatear las limitaciones impuestas por la ley, pero estas tienen sus riesgos.
La ley de vivienda en España, que entró en vigor en mayo de este año, ha generado preocupación entre los propietarios debido a la limitación en la actualización de los alquileres, que establece un tope del 2% para las subidas. Esta medida ha llevado a muchos propietarios a retirar inmuebles del mercado de alquiler, provocando un significativo aumento de los precios, especialmente en las grandes ciudades.
Ante la limitación en la actualización de los alquileres, muchos propietarios han optado por otras modalidades, como la venta o el alquiler vacacional, para evitar la pérdida de poder adquisitivo que supone el tope del alquiler cuando el IPC es elevado. Sin embargo, cambiar a un alquiler de temporada no es tan sencillo, ya que debe obedecer a una causa concreta, como cuestiones laborales, académicas o vacacionales.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) advierte a ‘El Debate’ que justificar la temporalidad de los alquileres solo basándose en la duración, sin una causa concreta, es ilegal. Los contratos de alquiler de temporada deben reflejar una causa específica y pueden tener una duración superior al año si existe una justificación válida.
La falta de oferta de alquiler ha generado un encarecimiento significativo, y acceder a la misma vivienda mediante alquiler puede costar un 46% más que la cuota de la hipoteca para la compra. La reducción de la oferta ha afectado negativamente al acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en venta, según un informe de Idealista. En algunas ciudades, como San Sebastián, Palma y Granada, todavía es más «rentable» alquilar, pero el estudio destaca el impacto negativo de la ley de vivienda en el mercado.