La ofensiva fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez a las grandes empresas choca contra los informes técnicos de la Comisión Europea.
Desde Bruselas alertan en un informe centrado en gasistas y petroleras que los beneficios extraordinarios que motivaron el impuesto especial a las empresas energéticas se están esfumando. En concreto, ponen énfasis en que los conocidos como windfall profit «se han moderado en comparación con las condiciones extraordinarias del año anterior».
El informe, basado en la información proporcionada por los Estados miembros, destaca que la situación en los mercados energéticos es muy diferente desde la entrada en vigor del Reglamento del Consejo en octubre de 2022. La disminución de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a experimentar una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022.
Este informe surge apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordaran «readaptar y mantener» el tributo en su pacto de Gobierno, al igual que el impuesto similar aprobado para las entidades financieras. Esta decisión fue rápidamente objetada por el sector energético.
Pedro Sánchez y Repsol
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, manifestó que la empresa desinvertirá en España si el tributo se prorroga, destacando la desventaja competitiva que supone para las empresas españolas. El CEO de Endesa, José Bogas, también señaló que el tributo coloca a las empresas españolas en una posición desfavorable.
La Comisión Europea, en octubre de 2022 y en respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, aprobó una regulación de emergencia que proponía medidas excepcionales y temporales para redistribuir los altos beneficios en el sector energético, incluyendo una contribución solidaria obligatoria en los beneficios de 2022 y 2023.
Hasta ahora, el impuesto ha permitido recaudar 1644 millones de euros, según Hacienda, y ha afectado a las empresas petrolíferas y gasistas por un total de 1089 millones de euros, según la Comisión Europea. Aunque el tributo ha sido objeto de controversia y recurso ante los tribunales, fue aprobado en noviembre del año pasado y entró en vigor en enero para un período de dos años.
A principios de mes, la vicepresidenta primera y ministra, entonces en funciones, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió la justicia del tributo, mientras que esta semana, la vicepresidenta Teresa Ribera expresó la disposición a estudiar si existen beneficios extraordinarios y cómo se puede incentivar la reinversión.