Yolanda Díaz se está metiendo en un jardín con su última exigencia económica.
La vicepresidenta segunda defendió en mayo de 2023 que “los empresarios y los sindicatos tienen que formar parte de los diseños estratégicos de las empresas modernas”.
Un argumento que buscó reforzar cuando aseguró que hay 18 países en el mundo que tienen este modelo, entre ellos Alemania que permite a los trabajadores elegir representantes sindicales para la mitad del consejo de administración de empresas públicas y privadas con más de 2.000 empleados, aunque si tienen menos la representación se limita a un 30 %.
También señaló a Navantia y «muchas empresas del País Vasco» donde hay representantes de los trabajadores en los consejos de administración. Ahora, según explica ‘El Debate’, la política de extrema izquierda quiere retomar su propuesta.
El ataque a la empresa privada también tuvo el apoyo de Unai Sordo, líder de CC.OO que aseguró que la «falta de democracia en los centros de trabajo es uno de los grandes déficit del modelo laboral español».
La ministra en funciones insistió en que «esto enriquecería a las empresas no solo porque las democratizaría, no hay ningún otro lugar donde se ejerza la democracia de manera tan directa, sino porque, además, los trabajadores son una parte del talento de los consejos de administración que no se puede perder».
Los expertos consultados por el citado medio creen que forzar la entrada de sindicatos en la dirección de las empresas «no tiene mucho sentido porque ya existen comités de empresa para establecer vías de diálogo».
Algunos van más allá y aseguran que «el sindicalismo de España no es como el alemán, en España son afines a partidos políticos y eso genera desconfianza».
Yolanda Díaz
Caja Madrid
España todavía recuerda el escándalo de las tarjetas black en Caja Madrid y como los consejeros de CC.OO y UGT estuvieron envueltos en un escándalo de 15 millones de euros cargados al balance de la entidad que estuvieron ocultos durante años.
El sistema de elección de aquel consejo de administración que derivó de los estatutos de Caja Madrid debía tener representación de toda la sociedad y los sindicatos tenían 11 puestos.
La sentencia de ese caso puso condenas de dos a tres años a la mayoría de sindicalistas por delito continuado de apropiación indebida.