La Comunidad de Madrid está ejerciendo presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al iniciar los procedimientos para ajustar a la baja el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por segundo año consecutivo. Esta medida tiene como objetivo ayudar a las familias a hacer frente al aumento de los precios. Es importante destacar que esta reducción de impuestos por parte del Gobierno regional ocurre en un momento en el que se esperan más aumentos fiscales por parte de Pedro Sánchez si logra ser investido como presidente. Además, el Gobierno en funciones ha criticado recientemente ante Bruselas las rebajas de impuestos implementadas por las comunidades autónomas.
Esta nueva política tributaria implicará un ahorro de 153 millones de euros para alrededor de 3,5 millones de contribuyentes. Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma de régimen común que ajusta el IRPF a la inflación por segundo año consecutivo. La medida consiste en aplicar un 3,1% sobre el aumento medio del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta iniciativa beneficiará especialmente a las personas con ingresos más bajos y afectará a todos los tramos impositivos, así como al mínimo personal y familiar, así como a las deducciones autonómicas sobre el impuesto.
El proceso para implementar esta medida ya ha comenzado y se espera que esté en vigor durante la próxima campaña de declaración de la Renta correspondiente a 2023. Esta campaña se llevará a cabo entre abril y junio de 2024.
La Comunidad de Madrid ha comenzado el proceso para implementar esta iniciativa fiscal, cumpliendo así con un compromiso establecido en su programa electoral. Esta medida continuará beneficiando a los contribuyentes siempre que la tasa de inflación se mantenga por encima del 2%. El propósito de esta medida es evitar que los aumentos salariales impliquen un mayor pago de impuestos para los ciudadanos.
La deflactación se calculará sobre un porcentaje del 3,1%, correspondiente al aumento promedio del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante los primeros ocho meses del año 2023. El Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf) ha señalado que esta reducción de la tarifa afectará principalmente a las personas con ingresos bajos, una preocupación respaldada por ejemplos concretos que han sido elaborados.
El anteproyecto de Ley de la deflactación ha sido publicado en el Portal de Transparencia autonómico este lunes, marcando así el inicio del proceso de consulta pública antes de ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno. Una vez obtenga la aprobación, el texto será enviado a la Asamblea legislativa para su tramitación previa a su entrada en vigor.
Isabel Díaz Ayuso
Guerra fiscal
La Comunidad de Madrid ha implementado esta nueva rebaja fiscal en medio de una intensa disputa fiscal con el Gobierno de Pedro Sánchez. En su reciente Plan Presupuestario para 2024, que ha sido enviado a Bruselas, el Gobierno central ofrece escasas indicaciones sobre sus planes debido a su situación de estar en funciones, mientras negocia concesiones significativas a sus socios para asegurar su investidura. Estas concesiones y el compromiso de reducir el déficit al 3% en 2024 sugieren que podrían haber aumentos de impuestos en el horizonte.
El propio Plan Presupuestario critica las reducciones fiscales implementadas por las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales están ahora gobernadas por el Partido Popular (PP), aunque en 2022, para el año 2023, se anunciaron reducciones fiscales por parte de las autonomías que entonces estaban bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como fue el caso de la Comunidad Valenciana.
Este Plan se refiere a estas medidas como «medidas discrecionales de ingresos», excluyendo aquellas adoptadas en respuesta a la pandemia de Covid-19 y a la crisis derivada del conflicto en Ucrania. Estas medidas se estima que tendrán un impacto negativo de -513,8 millones de euros en 2023 y de -2.040,3 millones de euros para 2024.
En particular, las medidas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) representan una reducción global de ingresos de 613,4 millones de euros en 2023 y 1.728,6 millones de euros adicionales en 2024. Además, las bonificaciones y reducciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un impacto negativo de -109,9 millones de euros y -71,8 millones de euros respectivamente en 2023, se espera que aumenten a -24,1 millones de euros en Patrimonio y -297,4 millones en Sucesiones y Donaciones para 2024.
Sin embargo, el Plan Presupuestario no realiza una autocrítica por el error de Hacienda en la configuración del impuesto a grandes fortunas, impuesto que el Gobierno anunció hace un año a Bruselas para entrar en vigor ya en 2022. A pesar de las expectativas de recaudar 1.500 millones, el impuesto ha generado solo 619 millones, según se detalla en el informe actual.