Máxima tensión por la gestión opaca de los fondos europeos.
Un grupo de empresarios de Castilla y León que tomó medidas legales contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora por una presunta «trama corrupta» en la gestión de unos 500 millones de fondos de la Unión Europea.
El diario ‘The Objective’ adelanta que han denunciado al Gobierno por un presunto «delito de falsedad en documento público», como así consta en la documentación remitida al citado juzgado el pasado 28 de octubre, a la que ha tenido acceso este periódico. Los denunciantes creen que trata de «encubrir un fraude de adjudicación de fondos europeos en concurso, con una apropiación indebida de un desarrollo industrial».
El documento en cuestión le fue solicitado por el juez, a través de un oficio de 11 de agosto de 2023 enviado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que lo recibió el 4 de septiembre de este año. La petición se refería a la respuesta que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, había dado a la solicitud de información realizada el 27 de noviembre de 2022 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ante posibles irregularidades «en el marco del proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla». El plazo para enviar a la OLAF la información requerida finalizaba el 15 de diciembre de 2022.
María Jesús Montero
Esta respuesta del Gobierno ha venido siendo reclamada a las instituciones europeas por este grupo de empresarios que solicitó la subvención pero que nunca se le concedió, aunque sorprendentemente se enteraron por la prensa que la subvención a su proyecto, del que son dueños del desarrollo industrial, podría haberse entregado a otra empresa. Sin embargo, organismos europeos como la OLAF se negaron a entregar el documento a los empresarios alegando que contenía datos confidenciales. Esta negativa implicaba que el documento se había recibido, ya que el único motivo de no entregarlo era un tema de confidencialidad, como ya publicó este periódico.
El caso ha dado un giro de 360 grados cuando en la respuesta del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude al juez con fecha 21 de septiembre de 2023, le envía el documento que le pidió la OLAF, pero la fecha es 27 de febrero de 2023, dos meses más tarde del plazo que tenía para enviarlo, que era el 15 de diciembre de 2022.
En este documento que le pide la OLAF para saber si hay irregularidades en el proyecto le dice que «en relación con la consulta formulada le informamos que con los datos registrados a través del sistema de información CoFFEE_MRR, no se ha encontrado el proyecto reseñado.
En tanto que a esta Subdirección General no corresponde determinar si un proyecto se encuadra en el Plan de Recuperación, la confirmación de la participación o no de los proyectos a los que se hace referencia deberá emitirla la administración convocante en casa caso».