Sale a la luz uno de los episodios más polémicos de Salvador Illa.
La Fiscalía Anticorrupción investigó en 2014 al líder del PSC por presuntamente cobrar sobresueldos ilegales durante su etapa como alcalde del municipio catalán de La Roca del Vallés (Barcelona). Sin embargo, nunca llegó a sentarse en el banquillo porque el delito había prescrito.
El exministro de Sanidad, que logró mantener este asunto oculto durante su etapa como miembro del Gobierno, está en el punto de mira por sus cambios de criterio con respecto a la amnistía y a la celebración de un referéndum en Cataluña.
Según desvela el diario ‘El Debate’, la pesquisa judicial que involucró a Illa ocurrió dentro del marco del caso conocido como ‘caso Mercurio’. La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una investigación en el año 2014 que implicó a 58 alcaldes y concejales de diferentes localidades. Estos funcionarios estaban siendo examinados por recibir sobresueldos de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) camuflados como falsas dietas. La Fiscalía imputó a estos líderes municipales, entre los cuales se encontraba Illa, por un delito continuado de malversación de fondos públicos, por un total de 570,577 euros.
Entre los años 2004 y 2012, los miembros del comité ejecutivo de la FMC se otorgaron un sistema de «dietas» que, en realidad, constituían un salario adicional al que ya recibían como alcaldes y concejales de sus respectivos ayuntamientos. Esta práctica fue considerada manifiestamente ilegal por la Fiscalía Anticorrupción. El entonces presidente de la FMC y alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, llegó a recibir más de 2,000 euros al mes por este concepto, según fuentes judiciales consultadas por este medio.
Salvador Illa
Los vicepresidentes de la FMC percibían un salario adicional de poco más de 800 euros al mes, mientras que al resto de los miembros del comité ejecutivo les correspondía una asignación fija cercana a los 400 euros mensuales. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción en su comunicado al Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, estos pagos no eran realmente «dietas», sino más bien un «sobresueldo enmascarado». Los funcionarios recibían estas sumas como asignaciones fijas, independientemente de si asistían o no a las reuniones de la Federación. Además, estos pagos irregulares se efectuaron incluso durante el mes de agosto, cuando no se llevaban a cabo reuniones.
La Fiscalía no solicitó la imputación de ocho de los 58 funcionarios mencionados en su informe a la juez, ya que el delito había prescrito en sus casos. La cantidad recibida por estos ocho individuos era inferior a los 4,000 euros, por lo que ya había pasado el plazo de prescripción de cinco años. Entre estos ocho funcionarios, que se libraron del proceso por prescripción, se encontraban Illa (quien solo recibió el sobresueldo de la FMC durante un año, hasta que dejó la alcaldía de La Roca del Vallés en septiembre de 2005) y otro influyente miembro del PSC, el ex alcalde de Hospitalet Celestino Corbacho, quien luego fue nombrado ministro de Trabajo por José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2008. En ambos casos, la cantidad recibida estaba por debajo de los 4,000 euros, por lo que el delito había prescrito cuando la Fiscalía envió su informe a la juez.
El medio centenar de alcaldes y concejales que sí fueron imputados ante la juez lograron evitar el juicio gracias a una astuta estrategia del abogado penalista Cristóbal Martell, quien durante mucho tiempo ha representado a la familia Pujol. Durante la fase de instrucción, Martell solicitó una audiencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona, argumentando que la FMC era en realidad una entidad jurídica de carácter privado. Según este argumento, los sobresueldos no podían considerarse un delito de malversación de fondos públicos.