El clan Pujol estaría en el largo listado de beneficiados por la amnistía negociada entre el prófugo Carles Puigdemont y Pedro Sánchez.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña afinó muy bien cuando el pasado día 5 exigió desde Bruselas “una ley de amnistía que se aplique desde antes del 9 de noviembre de 2014” como condición indispensable para apoyar a Pedro Sánchez si el rey Felipe VI le encarga la investidura.
El diario ‘The Objective’ precisa que la fecha no está elegida al azar, ya que si finalmente el PSOE acepta, supondrá el perdón de la corrupción del clan Pujol, cuyo patriarca fue imputado el 16 de diciembre de 2014, y los cargos que pesan sobre Artur Mas.
Puigdemont se ha marcado como objetivo borrar toda huella judicial sobre tres expresidentes de la Generalitat de Cataluña, a tenor de la fecha elegida para hacer realidad este olvido de la Justicia sobre escandalosos casos de corrupción que afectaron a la formación política que estuvo en el origen de Junts, como fue Convergència Democrática de Cataluña (CiU).
El dirigente nacionalista lo dijo muy claro al afirmar que «también es responsabilidad del Gobierno en funciones, la Fiscalía y la Abogacía del Estado» el abandono de «la vía judicial para reparar una injusticia, pero no olvidaremos. No vamos a poner un punto y final, vamos a seguir pidiendo reparar a las víctimas y no igualarlas a sus victimarios».
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez
La familia Pujol
Toda la familia Pujol está inmersa en juicios por presuntos casos de corrupción y la primera imputación del expresidente Jordi Pujol fue el 16 de diciembre de 2014. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona llamó a declarar el 27 de enero de 2015 a Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere, por presuntos delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. El origen del caso partió de la confesión en julio de 2014 del expresidente de que la familia había tenido dinero sin regularizar en el extranjero (Andorra) durante tres décadas y que, según Pujol, procedía de una herencia de su padre.
A partir de entonces, se multiplicaron los casos que afectaban a la familia. En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluyó que la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un «beneficio económico no justificado» de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar «grandes sumas de origen desconocido» que responde a un «plan preconcebido y ordenado». En julio de 2020, el juez José de la Mata Amaya de la Audiencia Nacional dio por concluida la fase de instrucción, considerando que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol por delitos de pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública y falsedad documental.
En julio de 2020, De la Mata consideró que la fase de instrucción podía darse por terminada y que había indicios de delito para juzgar a toda la familia Pujol. La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer en mayo de 2021 su petición de penas para la familia Pujol, que suman 92 años de cárcel, con el primogénito, para quien solicita una condena de 29 años de prisión, a la cabeza. El juicio aún no se ha celebrado.
En el caso de Artur Mas, fue condenado por el Tribunal Supremo a una inhabilitación de un año y un mes por la organización de la consulta soberanista del 9-N del 2014. Esta consulta está considerada como un ensayo general del referendo ilegal del 1-O del 2017. De esta forma, el Constitucional avaló la decisión del alto tribunal que ratificó la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que Mas ya cumplió. Además, el Tribunal de Cuentas le condenó devolver 4,9 millones de euros gastados en el referéndum.