Complicado escenario para la economía española.
Las elecciones del pasado domingo 23 de julio ‘bloqueó’ el escenario político ante los difíciles pactos que serán necesarios para formar Gobierno. A la espera de conocer qué pasará con el futuro político del país, será un Gobierno interino prorrogará el Presupuesto y renegociará los NextGen.
En concreto, tenga que prorrogar los Presupuestos Generales de 2023, además de negociar el cuarto tramo (10.000 millones) de las ayudas europeas NextGen y enfrentarse a la revisión del Plan de Recuperación que da acceso a 95.000 millones en créditos comunitarios (la llamada adenda).
En lo que respecta a la prórroga presupuestaria, se puede dar por prácticamente inevitable. El diario ‘El Economista’ asegura que fuentes de Hacienda ya avisaron a comienzos de la pasada primavera, cuando se esperaba que las elecciones generales fueran en noviembre, que la disolución de las Cortes para la celebración de esos comicios imposibilitaba la tramitación parlamentaria de las Cuentas de 2024.
Ahora, tras el adelanto electoral, la mera elaboración del anteproyecto de ley de esos Presupuestos se antoja imposible y, mucho más, su presentación en el Congreso a finales de septiembre o principios de octubre. No en vano resulta muy probable que no haya siquiera un presidente del Gobierno con plenos poderes investido a mediados de septiembre.
La prórroga de los Presupuestos dista de constituir una mera cuestión técnica en un contexto como el actual. Debe recordarse que, a partir de 2024, Bruselas volverá a abrir procedimientos de infracción para los países que no cumplan con las reglas fiscales comunitarias sobre reducción de la deuda y déficit públicos. España afronta, ya desde finales de 2022, una desaceleración en su consumo interno que afecta al rendimiento de un impuesto clave como el IVA.
Es por ello factible que se necesite tomar decisiones en materia de recaudación tributaria o de gasto público que no están recogidas en las Cuentas de 2023 cuya prórroga será necesaria.
El resultado electoral siembra incertidumbres en otros segmentos. Se abre la puerta a que sea un Gobierno en funciones el responsable de negociar el cuarto pago del Plan de Recuperación.