La Comisión Europea profundiza su investigación del ‘caso Tito Berni’.
La institución internacional está estudiando «cualquier riesgo potencial o vínculo con operaciones» que se hayan acogido a financiación de la Unión Europea, adelanta el diario Vozpópuli.
Además de reconocer que está «perfectamente al corriente» por las informaciones publicadas en la prensa española, la Comisión vuelve a manifestarse sobre este caso por una pregunta del eurodiputado Esteban González Pons.
El ‘popular’ se interesa por la adjudicación de varios contratos en relación con el proyecto europeo GAR-SI SAHEL, que gestiona la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y que cuenta con un presupuesto de 41,6 millones de euros financiados por la Comisión.
Supuestamente, la empresa obtuvo fraudulentamente contratos para el suministro de drones en Níger (53.000€), Mauritania (37.500€) y Mali (16.940€). Estos contratos, que aparecen en el sumario del caso, fueron adjudicados al empresario José Santiago Suárez Esteve, conocido como José Suárez ‘el drones’, que a su vez acusó a Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador) de estafarle 46.000 euros.
Pedro Sánchez y Tito Berni
La Comisión, sin embargo, sostiene que «hasta la fecha, no tiene pruebas de irregularidades o fraude en los procedimientos de adjudicación y contratación para el suministros de drones en Níger, Mauritania y Mali». En la respuesta -firmada por la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, la finlandesa Jutta Urpilainen- se especifica que «al ejecutar los contratos» se redactaron informes de control de gastos del proyecto GAR-SI SAHEL.
«Los informes de control de gastos no revelaron la existencia de irregularidades o fraude», dice la Comisión.
Bruselas ha dado respuesta está semana a varias preguntas formuladas por el PP hace varios meses, cuando estalló el caso mediador. La trama salpicó de lleno al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el tito Berni.
Bruselas ha admitido que envió «una solicitud de información» a la la Fundación de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) del Gobierno «tan pronto como se tuvieron las primeras señales de posibles irregularidades» por este caso.
«Cuando la Comisión se entera de casos sospechosos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte al presupuesto de la UE, adopta todas las medidas que considera oportunas de conformidad con el marco jurídico aplicable e informa de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, a la Fiscalía Europea», asegura la Comisión.