El Gobierno de Pedro Sánchez está librando una batalla legal contra más de 2.300 okupas que se encuentran agazapados en las propiedades de la Sociedad de los Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb).
El banco de los activos problemáticos de la pasada crisis inmobiliaria que ha asumido el Estado reconoce mantener conflictos con 2.349 ocupantes de viviendas que «no son vulnerables», desvela ‘Vozpópuli’. Y contra ellos ha iniciado procesos «de recuperación amistosa» o judiciales para recuperar el control de esas casas y «ponerlas a la venta» dentro de su objetivo de liquidación general en noviembre de 2027.
Se trata de una cantidad significativa aunque no mayoritaria del Parque de Vivienda Social y Asequible de Sareb, que a fecha del 30 de mayo de 2023 estaba compuesto por 14.789 viviendas habitadas en toda España, según las últimas cifras proporcionadas por el banco malo.
La sociedad controlada mayoritariamente por el Estado desde 2022 cuenta con seguir gestionando estos alquileres y/o cederlos a administraciones o terceros después de 2027 en virtud del principio de «utilidad social» que se ha añadido a su mandato general de liquidación desde el año pasado.
Okupas
De esas viviendas, otras 4.105 corresponden a «alquileres en estudio», mientras que el resto tienen que ver bien con viviendas a precio de mercado -que Sareb heredó a partir de 2012- o casas ocupadas por inquilinos sin título pero, ahora, ya ‘regularizados’.
Este último es el camino que en la sociedad ya mayoritariamente pública desde 2022 aseguran seguir en caso de contrastar, de la mano de la asistencia técnica de la empresa Servihabitat, que los ocupantes son económicamente vulnerables. En ese caso, explican desde Sareb, la opción es la de proponer un contrato en alquiler a los inquilinos que no supere el 30% de sus ingresos junto con un «programa de acompañamiento social» y de «inserción laboral» bajo el «principio de corresponsabilidad (no asistencialismo)».
En balance, 3.597 unidades del parque de viviendas de Sareb funcionan actualmente con alquileres de mercado; otras 2.845 corresponden ya a «alquileres sociales» y 1.893, a viviendas en convenio con Comunidades Autónomas. Sobre los restantes casos conflictivos, la casuística es variopinta e incluye alquileres en origen fraudulentos, negocios ilegales de asaltantes de la casas en construcción, centros de delincuencia y reparto de drogas hasta ocupaciones de corte antisistema, según han detallado desde el área de gestión de Sareb.
De acuerdo a cifras de fuentes del banco malo, las viviendas ocupadas sin regularizar cotizan en el mercado con descuentos superiores al 60%, mientras que en las regularizadas, la prima baja a un 30%.