La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) vuelve a plantar cara a Nadia Calviño por los atropellos del Gobierno de Pedro Sánchez a los empresarios.
El Ministerio de Asuntos Económicos invitó a la CEOE junto con los sindicatos por primera vez a una reunión del Observatorio de beneficios empresariales. Sin embargo, no hubo ni un solo representante de la Confederación en el encuentro.
Se trata de un nuevo plante de la patronal al Gobierno en la que se prevé como última llamada a los agentes sociales antes de que acabe la legislatura.
El encuentro de este lunes ha servido para informar de los detalles del Observatorio, que no tiene consecuencias legislativas. No se han dado papeles ni cifras ni se ha hablado de los márgenes del sector de la alimentación, según ha podido saber Vozpópuli.
Fuentes de la patronal confirman que no han acudido y rechazan dar más detalles pero está clara su oposición frontal al Observatorio, según declaró Antonio Garamendi el pasado 10 de mayo tras la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con los sindicatos.
«No lo compartimos, estamos en contra de todo lo que sea intervención», dijo, rotundo, el presidente de CEOE, preguntado por el Observatorio de beneficios.
«Habría que ver cuando se habla de expertos, de qué hablamos, se coloca a expertos que interesan, de parte. Para eso está la negociación colectiva. No compartimos ese Observatorio si está para que el Gobierno nos diga qué hacer», remachó.
Aunque la patronal se oponga a determinadas iniciativas del Gobierno, suele tener a gala que sí acude a las mesas de negociación o a las reuniones a las que se le convoca. Sin embargo, viene dando plantón en algunas de las últimas convocatorias. Así, CEOE se negó a participar en las reuniones de cierre del Estatuto del Becario tras la convocatoria de elecciones porque alegaba que «no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad».
Tampoco estuvo en la mesa en la que el Ejecutivo informó de la subida del SMI a 1.080 euros de 2023, un alza que no compartía pero que no debatió por su enfado con que Yolanda Díaz se aviniera a cambiar lo pactado en la reforma laboral en una enmienda transaccionada con Bildu para recuperar el control administrativo en los ERE.