El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la primera huelga indefinida de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A pesar de que el Gobierno PSOE-Podemos lograron atar en corto a los sindicatos a través de las subvenciones, desde Moncloa no pudieron contener la convocatoria de CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess para urgir al Gobierno a ofrecer «soluciones urgentes» ante la situación de «olvido» de la institución.
A pesar de que CCOO se mantuvo fiel a Sánchez, el resto de sindicatos piden al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con el acuerdo de julio de 2021 para dotar de más efectivos al organismo.
Es importante recordar que la plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
La plataforma sindical fue convocada la pasada semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que valorara la última propuesta de Hacienda para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo. Desde el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz aseguraron que la propuesta de Función Pública no cumplía con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban, según han citado, «por reforzar la estructura territorial», además de que inspectores y subinspectores «tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral».
Yolanda Díaz y María Jesús Montero
La tensa situación de la huelga, que afecta la imagen del Gobierno de Sánchez a solo semanas de las elecciones generales, generó un choque entre los ministerios de Trabajo y Hacienda.
El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. Para los sindicatos, «de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento» en el seno del Gobierno de coalición «si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad».
Ante la falta de acuerdo y las discrepancias entre diferentes ministerios, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess han optado por continuar con las protestas y con el paro indefinido. «No estamos en tiempo de descuento, no estamos con un Gobierno en funciones hasta el día 24 de julio, por lo que le pedimos que cumplan ya con su compromiso publicado el 3 de diciembre de 2021», destacaron los convocantes.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que ven necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.
En este contexto, los sindicatos con representación en la Inspección iniciaron hace unas semanas una nueva tanda de movilizaciones para denunciar la falta de recursos en el organismo, que concluirá con una huelga indefinida a partir de este 26 de junio.
«A estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un Gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo», subrayan los sindicatos. Pero, dicen, con independencia del periodo electoral, seguirán denunciando la situación de la Inspección y realizando «cuantas acciones consideren pertinentes» para defender el organismo.