Dato mata relato…
El Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano de Yolanda Díaz, presumió de haber logrado un récord de más de 20 millones de trabajadores activos, según el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la avalancha de despidos registrados en el primer cuatrimestre de 2023 echa por tierra la propaganda de Moncloa y sus datos maquillados.
Desde el Gobierno intentan ocultar que entre enero y abril de 2023 se han registrado 303.998 bajas de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por causas clasificadas como despido, un 48% más que hace un año y la cifra más alta de una serie histórica que se remonta a 2013.
Este récord desmonta un balance de la Legislatura por parte de un Gobierno que presume de la contención de estas extinciones de empleo gracias a los ERTEs y las polémicas ‘prohibiciones’ de despedir. Pero el hecho es que los ceses registrados en el arranque del año superan en un 15,6% a los de 2020, que hasta ahora ostentaba el máximo histórico.
Una de las claves de este comportamiento está en la reforma laboral. Y es que al aumentar el número de trabajadores con contratos indefinidos, en los que los que los ceses son más comunes, estos aumentan.
Sin embargo, los despidos de estos ocupados han aumentado un 78,6, mientras que la afiliación lo hace a un ritmo del 17%, lo que apunta que existen factores más allá de los estadísticos que explican una evolución que está dejando sin efecto las medidas del Ejecutivo pensadas, precisamente, para contenerla.
Yolanda Díaz
El impacto de la pandemia hace tres años obligó al recién llegado Gobierno de coalición a improvisar varias medidas para contener un aluvión de extinciones de contratos motivados por los cierres de actividad a causa de los confinamientos forzados por la crisis sanitaria. La más exitosa, sin duda, fue la puesta en marcha de una ‘barra libre’ de suspensiones temporales de empleo que se convirtieron en una alternativa para aquellas empresas que confiaban en retomar su actividad normal cuando se superara la situación.
Los ERTEs llegaron a afectar a más de 3 millones de trabajadores, una cifra que fue reduciéndose no solo por la progresiva vuelta a la normalidad, sino porque el Ejecutivo fue endureciendo su acceso para recortar un enorme gasto en prestaciones. Esto llevó a una varada lista de tipos de regulaciones temporales que la reforma laboral redujo a 3: los debidos a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ERTE ETOP), casi idénticos a los que existían antes de la pandemia; los de fuerza mayor, por causas catastróficas o emergencias, como ocurrió en el volcán de la Palma, y el nuevo Mecanismo RED que tienen carácter sectorial y se activa por decisión del Consejo de Ministros. Estos últimos, hasta ahora, solo se han aplicado en el caso de las agencias de viaje.
Como consecuencia, el último día de mayo quedaban únicamente 11.716 afiliados en ERTE, según los datos de Seguridad Social. Aunque algunas empresas buscan vías alternativas, como convertir indefinidos ordinarios en fijos discontinuos.
Estas medidas, sin embargo, no impidieron la destrucción de miles de empleos temporales y en periodo de prueba, pero tampoco de indefinidos en el caso de empresas que no podían hacer frente a la situación provocada por el Covid 19. De hecho, solo los cuatro primeros meses del 2020 se registraron 256.000 bajas de afiliación por despido, el punto más alto de la década, hasta los datos de 2023. En este escenario, el Ministerio de Trabajo introdujo la idea de que las causas que permitían beneficiarse de los ERTEs y otras medidas de choque para mantener empleos «no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido».