El juez José Antonio Vázquez puso el ‘grito en el cielo’ por la nueva Ley de Vivienda.
Durante su entrevista en ‘Trece TV’, el magistrado recordó que no existe “ninguna ley similar en otro país del mundo”. ¿El motivo?, que la polémica normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Podemos, ERC y EH Bildu, atenta contra “un principio general del Derecho”.
El magistrado pone énfasis en que “hay un principio general del Derecho que dice que un acto ilícito no puede generar consecuencias legítimas”. Por lo que puso un ejemplo muy claro: “Yo no puedo robarte la bicicleta y, una vez que me detienen, decir que ahora quiero comprarla y forzar a una operación de compraventa”.
En este sentido, Vázquez cree que desde Moncloa se está implementando en toda España el “experimento realizado en Cataluña”, donde la ley establece que “tú entras ilegalmente a un inmueble, lo usurpas y, después de que estás dentro del inmueble, es cuando ese delito pasa a tener unas consecuencias legales para el propietario”.
Un sinsentido judicial, donde es el dueño del inmueble quien deberá “justificar que no está en una situación de vulnerabilidad”, ya que en el caso contrario “se verá obligado a ofrecer un contrato de alquiler y se fuerza al propietario a que ofrezca un arrendamiento sobre su propia propiedad”.
Recordando que serán los propietarios quienes serán los que deban “demostrar que el okupa lleva poco tiempo en la vivienda y que no es un gran propietario”. De ahí que el juez fuera muy contundente sobre la Ley de Vivienda de Sánchez y sus socios: “Protege al delincuente y perjudica a la víctima”.
Proteger al criminal
La polémica normativa establece que el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
En el caso de los grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
El diario ‘El Mundo’ adelantó que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves 20 de abril en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de inmediato al Senado para su aprobación definitiva.
En dicha enmienda se modifica a través de una disposición la Ley de Enjuiciamiento Criminal añadiendo en el artículo 439 dos apartados con el fin de, entre otras cuestiones, no admitir desde ahora “las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique” si “el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”.
Del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no gran tenedor, según se define en la nueva legislación. En el caso de serlo, tendrá también que indicar si la parte demandada “se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica” a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
Además, a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas “en las que no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda”.
Bloquear a la Policía
Por otro lado, la disposición incluye la obligatoriedad de informar del “día y la hora exacta” de cualquier desahucio. También en los decretos, resoluciones judiciales y otros tipos de notificaciones, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo por sorpresa o sin concretar cuándo.
La oposición ha cargado duramente en las últimas semanas contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, dicen, para la okupación. Hace escasos días, precisamente, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluía que la nueva Ley de Vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio, criticaba que el texto no luche contra la okupación y denunciaba el escaso efecto que tendrá el tope al precio de los alquileres.