Juan Lobato se disparó al pie durante su entrevista en ‘Espejo Público’.
El candidato del PSOE, que buscó un impulso electoral con su intervención en el programa de Susanna Griso, acabó tirándose piedras sobre su propio tejado cuando se abrazó a la Ley de Vivienda impulsada por el PSOE-Podemos junto con el apoyo de ERC y EH Bildu.
Una decisión que podría resultar contraproducente para su interés electoral, ya que Madrid es una de las autonomías que más se verá perjudicada por la polémica normativa que atenta contra los propietarios y que dota de garantías a los okupas.
Aún así, Lobato defendió que la Ley de Vivienda supone la primera ley de la vivienda estatal en la historia de la democracia. «En Madrid el 80% de los jóvenes de hasta 30 años no tienen posibilidad de emanciparse aunque hay que recordar que existen grandes competencias en materia de vivienda que están en las comunidades autónomas».
También destacó que, según los últimos datos, los españoles dedican de media la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, resaltando que estos datos ponen de relieve lo importante que es construir vivienda pública en régimen de alquiler.
Otra de las propuestas del PSOE es la de reducir 300 euros el alquiler a las familias y jóvenes que tengan rentas de hasta 35.000 euros. «En Madrid ha habido un crecimiento de población y hubiera hecho falta más vivienda que no existe», denunció.
Sin embargo, el candidato de Pedro Sánchez para la comunidad de Madrid no dijo nada sobre cómo la normativa ayudará a los okupas sobre los propietarios o sobre cómo se atará de manos y pies a la Policía al momento de realizar un desalojo.
Proteger al criminal
La polémica normativa establece que el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
En el caso de los grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
El diario ‘El Mundo’ adelantó que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves 20 de abril en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de inmediato al Senado para su aprobación definitiva.
En dicha enmienda se modifica a través de una disposición la Ley de Enjuiciamiento Criminal añadiendo en el artículo 439 dos apartados con el fin de, entre otras cuestiones, no admitir desde ahora “las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique” si “el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”.
Del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no gran tenedor, según se define en la nueva legislación. En el caso de serlo, tendrá también que indicar si la parte demandada “se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica” a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
Además, a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas “en las que no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda”.
Bloquear a la Policía
Por otro lado, la disposición incluye la obligatoriedad de informar del “día y la hora exacta” de cualquier desahucio. También en los decretos, resoluciones judiciales y otros tipos de notificaciones, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo por sorpresa o sin concretar cuándo.
La oposición ha cargado duramente en las últimas semanas contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, dicen, para la okupación. Hace escasos días, precisamente, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluía que la nueva Ley de Vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio, criticaba que el texto no luche contra la okupación y denunciaba el escaso efecto que tendrá el tope al precio de los alquileres.