Isabel Rodríguez mintió a la cara a Susanna Griso.
Durante la entrevista realizada en el programa ‘Espejo Público’, la ministra portavoz negó que la Ley de Vivienda incentive y defiende a los okupas. Incluso, aseguró que desde la Moncloa están trabajando en una ley que permita que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a quienes entren en una vivienda privada.
Según la socialista, otro de los objetivos de la norma es facilitar a los jueces que en menos tiempo puedan intervenir. «Lo que hace el Gobierno es dotar de más medios a las autoridades y enfocar el problema de la vivienda en la falta de acceso para una inmensa mayoría de los españoles».
Sin embargo, la lucha contra los okupas es una gran mentira del Gobierno de Sánchez, ya que les blinda a través de la propia Ley de Vivienda, donde se “dificulta y ralentiza el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y por tanto, la consiguiente devolución de las viviendas a sus propietarios”.
Isabel Rodríguez y Susanna Griso
Proteger al criminal
La polémica normativa establece que el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
En el caso de los grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
El diario ‘El Mundo’ adelantó que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves 20 de abril en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de inmediato al Senado para su aprobación definitiva.
En dicha enmienda se modifica a través de una disposición la Ley de Enjuiciamiento Criminal añadiendo en el artículo 439 dos apartados con el fin de, entre otras cuestiones, no admitir desde ahora “las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique” si “el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”.
Del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no gran tenedor, según se define en la nueva legislación. En el caso de serlo, tendrá también que indicar si la parte demandada “se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica” a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
Además, a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas “en las que no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda”.
Bloquear a la Policía
Por otro lado, la disposición incluye la obligatoriedad de informar del “día y la hora exacta” de cualquier desahucio. También en los decretos, resoluciones judiciales y otros tipos de notificaciones, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo por sorpresa o sin concretar cuándo.
La oposición ha cargado duramente en las últimas semanas contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, dicen, para la okupación. Hace escasos días, precisamente, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluía que la nueva Ley de Vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio, criticaba que el texto no luche contra la okupación y denunciaba el escaso efecto que tendrá el tope al precio de los alquileres.